La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia formal contra Samuel García, gobernador de Nuevo León, por presunto desvío de 7,200 millones de pesos en recursos públicos. Según el informe, el gobernador habría utilizado fondos destinados a obras de infraestructura para financiar campañas políticas y gastos personales, violando la normativa de gasto público y la Ley de Responsabilidades Administrativas.
El documento de la ASF indica que los recursos fueron canalizados a través de contratos de obra pública con empresas vinculadas a allegados del gobernador. Estas contrataciones carecerían de la debida competencia y justificación técnica, lo que sugiere un uso indebido de los fondos. Además, se señala que parte del dinero se habría destinado a la compra de vehículos de lujo y a la organización de eventos partidistas en el estado.
El gobernador García, quien asumió el cargo en 2021 bajo la bandera del movimiento Ciudadanos, ha rechazado las acusaciones, calificándolas de “politización de la auditoría” y de “ataque a su gestión”. En una rueda de prensa, el mandatario aseguró que los recursos fueron empleados para proyectos de desarrollo y que la denuncia carece de pruebas contundentes. Asimismo, anunció que presentará una contrademanda por difamación contra la ASF.
La denuncia de la ASF abre la puerta a una investigación penal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). De confirmarse los hechos, Samuel García podría enfrentar cargos por malversación, peculado y enriquecimiento ilícito, lo que implicaría la posible remoción del cargo y la imposición de sanciones penales y económicas. Expertos en derecho administrativo advierten que el caso podría sentar un precedente importante en la lucha contra la corrupción en los gobiernos estatales.
Organizaciones de la sociedad civil, como Transparencia Mexicana, han pedido que se garantice la total independencia del proceso investigativo y que se protejan los recursos del erario. Asimismo, exigen que se apliquen sanciones ejemplares para desalentar prácticas similares en otras entidades federativas.
El caso está generando un intenso debate político a nivel nacional, con la oposición federal demandando la renuncia del gobernador y la apertura de una auditoría independiente. Mientras tanto, la población de Nuevo León observa con preocupación el destino de los recursos que podrían haber mejorado servicios básicos como salud, educación e infraestructura.
Fuente: Jornada