La Fiscalía General de la República (FGR) formalizó el proceso penal contra Karla Ayala, exdiputada federal y dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), bajo la acusación de extorsionar a su propia asesora política. Según el Ministerio Público, los hechos se remontan a finales de 2022, cuando Ayala habría exigido el pago de una suma considerable a cambio de mantener su puesto y evitar represalias dentro del partido. La acusación señala que la extorsión se realizó mediante amenazas de despido y de dañar la reputación profesional de la asistente.
Los fiscales presentaron pruebas documentales, mensajes de texto y testimonios que respaldan la denuncia. La asesora, que prefirió mantenerse en el anonimato, entregó mensajes de WhatsApp en los que Ayala le exigía “un favor económico” para no ser removida del cargo. Asimismo, se adjuntaron correos internos donde la exdiputada habría intentado presionar a la empleada para que firmara documentos que legitimarían el pago.
Karla Ayala, quien fue diputada del Congreso de la Unión entre 2018 y 2021 y actualmente ocupa el cargo de presidenta del Comité Estatal del PRI en Veracruz, negó los cargos y calificó la investigación de “persecución política”. En una declaración a los medios, la política aseguró que la acusación carece de fundamento y que se trata de un intento de desacreditar su gestión dentro del partido.
El caso ha generado revuelo dentro del PRI, que enfrenta varios escándalos de corrupción y violencia interna en los últimos años. Autoridades del partido han pedido que se respeten los procesos judiciales y han anunciado la apertura de una comisión interna para revisar las denuncias contra sus dirigentes. La presión sobre la cúpula del PRI aumenta, ya que la ciudadanía exige mayor transparencia y rendición de cuentas.
Expertos en derecho penal señalan que la extorsión a un subordinado dentro de una organización política es un delito grave que puede acarrear penas de prisión de hasta ocho años, además de multas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. El proceso seguirá su curso en la Fiscalía del Distrito Federal, donde se determinará si existen elementos suficientes para llevar a juicio a la exdiputada.
Mientras tanto, la noticia ha repercutido en la opinión pública y en redes sociales, donde usuarios y analistas políticos discuten la posible caída de Karla Ayala y el impacto que este caso podría tener en la percepción del PRI de cara a las próximas elecciones locales y federales.
Fuente: Jornada