Las intensas lluvias que azotan al estado de Veracruz desde principios de la semana han provocado inundaciones en varios municipios, dejando a cientos de familias sin hogar y a autoridades locales en busca de recursos para la atención de emergencias.
Según datos del Sistema Nacional de Información de Protección Civil, el número de afectados supera los 12,000, mientras que los daños materiales se estiman en más de 350 millones de pesos. Los municipios de Poza Rica, Veracruz y Xalapa son los más impactados, con carreteras colapsadas, puentes dañados y escuelas temporalmente cerradas.
El gobierno estatal, encabezado por el gobernador Cuitláhuac García, ha declarado emergencia y activado el Programa de Rescate y Atención a Víctimas de Desastres Naturales. Sin embargo, la principal inquietud radica en la fuente de los recursos necesarios para cubrir los costos de reparación y asistencia social.
El Ejecutivo ha anunciado que se destinarán 150 millones de pesos del Fondo de Contingencia del Estado, una partida que se alimenta de recursos federales y de la Tesorería del Estado. Además, se ha solicitado al Gobierno Federal una ayuda extraordinaria de 200 millones de pesos a través de la Secretaría de Gobernación y la Protección Civil.
Expertos en gestión de riesgos, como la académica Ana María López del Instituto de Estudios de Desastres de la UNAM, advierten que la dependencia de fondos puntuales no es sostenible. “Es necesario crear un fondo permanente de resiliencia que se financie con impuestos verdes y contribuciones de la industria, para estar preparados ante eventos climáticos cada vez más frecuentes”, señaló.
Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil, como la Cruz Roja Veracruzana, han activado brigadas de ayuda humanitaria, distribuyendo víveres, ropa y kits de higiene. Los albergues temporales instalados en gimnasios y escuelas públicas acogen a más de 3,500 personas que han perdido sus viviendas.
El panorama muestra que, más allá del costo inmediato, las inundaciones ponen de relieve la necesidad de una planificación urbana integral, infraestructura resistente y un esquema financiero sólido que garantice una respuesta rápida y eficaz ante futuros desastres.
Fuente: Diario de Xalapa