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Guadarrama reserva 75% de viviendas públicas a vecinos con 10 años de empadronamiento

por editor
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La Comunidad de Madrid ha firmado un convenio con el municipio de Guadarrama para destinar 58 pisos de alquiler protegido a residentes que demuestren al menos diez años de empadronamiento. Se trata de 24 unidades de dos dormitorios y 34 de tres, con un presupuesto de 14,2 millones de euros, y estarán en alquiler durante al menos veinte años. Los ingresos de los hogares solicitantes deben situarse entre 1,5 y 5 veces el IPREM, lo que equivale a ingresos mensuales de entre 900 y 3.000 euros.

El criterio del decenio de residencia aplicará al 75% de los pisos, es decir 43 viviendas, mientras que el restante 25% se adjudicará bajo la normativa general de vivienda protegida. Este modelo no es exclusivo de Guadarrama; el mismo día se firmaron convenios similares con Villa del Prado, Móstoles y Valdemoro, sumando 676 viviendas y una inversión de 138 millones de euros, de los cuales la región aportará más de 113 millones.

Los defensores del acuerdo argumentan que la medida protege al “vecino de siempre”, evitando la expulsión de residentes de larga data por el encarecimiento del alquiler, que en Madrid ronda los 2.130 euros mensuales, muy por encima del salario medio. Sin embargo, críticos señalan que el filtro excluye a quienes fueron desplazados por la crisis, a jóvenes emancipados o a recién llegados que aún no cumplen el plazo de diez años.

En el contexto regional, el borrador de la nueva normativa de vivienda protegida había propuesto también diez años de empadronamiento para comprar o alquilar, pero fue recortado a cinco años tras la presión social. La exigencia de una década es comparable al requisito de nacionalidad por residencia y a la normativa canaria que pide doce años de arraigo para acceder a vivienda pública.

El alcalde de Guadarrama, Diosdado Soto, defendió la iniciativa como la primera de una serie de acciones para paliar la escasez de oferta, citando la falta de pisos en 2023 y 2024. No obstante, la medida ha generado controversia porque prioriza la permanencia física sobre la capacidad económica o la necesidad real de vivienda.

El convenio aún debe pasar por la Comisión Jurídica Asesora y ser ratificado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad. Mientras tanto, las obras de los 58 pisos ya han comenzado, pero no se ha anunciado una fecha de adjudicación definitiva, dejando a muchos potenciales beneficiarios a la espera de una solución que equilibre arraigo y acceso justo a la vivienda.

Fuente: xataka

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