Una corte de La Habana del Este declaró culpables el pasado jueves a la joven creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, conocida en redes como “Anna Bensi”, y a su madre, Caridad Silvente. Ambas fueron encontradas responsables del delito de “actos contra la intimidad personal y familiar” tras grabar y publicar en internet un video de un agente del Ministerio del Interior que entregó una citación a su domicilio en marzo. El fallo impone dos años de “limitación de libertad”, una medida que no implica prisión pero sí prohíbe salir del país y restringe otras libertades civiles.
El juicio, que duró aproximadamente tres horas, se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad y contó con la presencia de decenas de manifestantes, muchos vinculados a organizaciones religiosas. Al concluir la vista oral, Bensi y su madre fueron recibidas con aplausos y consignas como “Libertad” y “Patria y Vida”, símbolos del movimiento opositor en la isla. La joven activista, que se describe como cristiana y anticomunista, calificó la sentencia de “injusticia” y acusó al Estado de montar un “circo” para silenciar sus críticas.
Según el abogado defensor Roberto Ortega, el tribunal emitirá el fallo por escrito en unos quince días, momento en el que las condenadas podrán presentar un recurso de apelación dentro de los diez días hábiles siguientes. Ortega subrayó que la única cuestión pendiente es la decisión de Bensi y su madre de ejercer o no ese recurso. La acusación se originó a partir de una denuncia del propio suboficial del MININT que alegó vulneración de su intimidad al ser filmado y difundido sin su consentimiento.
El incidente que desencadenó el proceso tuvo lugar el 10 de marzo, cuando un agente civil del MININT llegó a la vivienda de la familia para entregar una citación a la madre de Anna. La joven denunció que el documento carecía de fundamento legal: estaba incompleto, sin motivo especificado y sin los requisitos de antelación que exige la legislación cubana. Además, señaló que dos individuos en motocicleta, uno con rostro cubierto, la intimidaron durante la entrega.
Bensi utiliza sus plataformas digitales para denunciar la crisis económica, la escasez de alimentos y la falta de libertades en Cuba, llamando al régimen una dictadura y exigiendo elecciones libres. Organizaciones de derechos humanos como Cubalex y Justicia 11J califican el caso como censura y represión, argumentando que filmar a funcionarios en ejercicio de sus funciones está protegido por la libertad de expresión.
El Ministerio del Interior, por su parte, reiteró que la difusión no consentida de imágenes vulnera la intimidad y que el caso no se decide en redes sociales. Sin embargo, críticos señalan que el gobierno cubano frecuentemente publica videos para desacreditar a opositores sin que exista una condena judicial previa, lo que alimenta la percepción de un aparato represivo que busca silenciar cualquier forma de disidencia.
Fuente: Dw