Dos exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) presentaron su renuncia tras verse envueltos en el escándalo de corrupción que ha sacudido a la expresidenta Guadalupe Taddei. Mario Alberto Alejo García, quien dirigía la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), y Anahí Silva Tosca, directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos, anunciaron su salida el pasado lunes 16 de noviembre, aunque el efecto de la renuncia se hizo oficial hoy, día hábil. Ambos provenían del estado de Tabasco y su nombramiento generó críticas desde el inicio por la falta de experiencia acreditada en los cargos que ocupaban.
El periodista tabasqueño Audelino Macario señaló que Alejo y Silva eran cercanos al consejero electoral Jorge Montaño y al grupo político de Adán Augusto López Hernández. Llegaron a sus puestos en abril de 2024, pese a que no se demostró que cumplieran con los cinco años de experiencia directa que exige la ley para liderar la UTF, área responsable de fiscalizar los recursos de partidos y candidatos. Esta situación provocó una confrontación entre Guadalupe Taddei y tres consejeros del INE: Martín Faz, Carla Humphrey y Arturo Castillo, quienes cuestionaron la idoneidad del nombramiento.
El caso de Anahí Silva Tosca se volvió aún más polémico después de que EL UNIVERSAL publicara el 18 de agosto un reportaje que documentaba su estrecha relación con el equipo de Adán Augusto. Silva había sido asesora jurídica de Carlos Manuel Merino, exgobernador interino de Tabasco, cuando López Hernández se trasladó a la Secretaría de Gobernación. La revelación alimentó la percepción de un “clan” de funcionarios vinculados al mismo círculo político, lo que erosionó la confianza en la independencia del organismo electoral.
Mario Alberto Alejo García, antes de encabezar la UTF, había sido asesor del consejero Jorge Montaño desde 2023 hasta abril de 2026. Su nombramiento fue señalado como una maniobra para colocar a allegados al “Clan Taddei” en puestos estratégicos del INE, generando sospechas de uso indebido de recursos y de favorecimiento político. Los consejeros críticos argumentaron que la falta de experiencia de Alejo ponía en riesgo la integridad de la fiscalización electoral.
La renuncia de ambos funcionarios llega en medio de una creciente presión pública y mediática para que el INE limpie su estructura y restablezca la credibilidad institucional. Organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos han exigido una auditoría exhaustiva de los nombramientos realizados durante la gestión de Taddei, así como la aplicación de sanciones a quienes resulten responsables de irregularidades.
El episodio pone de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y control interno en el organismo electoral, cuya misión es garantizar procesos electorales justos y libres. Mientras el INE trabaja en la sustitución de los cargos vacantes, el caso seguirá siendo objeto de análisis y debate en la agenda política nacional, con posibles repercusiones en futuras reformas al marco legal electoral.
Fuente: Eluniversal