La Corte Suprema de la Nación argentina dictó el martes 29 de septiembre de 2026 un fallo que elimina todas las restricciones a la adquisición de terrenos rurales por parte de personas y entidades extranjeras. La decisión pone fin a una normativa vigente desde 2011, conocida como la Ley de Tierras, que establecía un techo del 15% del total de la superficie rural para propietarios no argentinos y que también imponía límites a nivel provincial y municipal.
El antecedente de la polémica se remonta a diciembre de 2023, cuando el presidente Javier Milei derogó la Ley de Tierras mediante un decreto ejecutivo. Ese acto generó una fuerte reacción social y política, y en marzo de 2024 un tribunal suspendió la medida tras la demanda del Centro de Excombatientes de la Guerra de Malvinas (CECIM). La organización alegó que la derogación vulneraba la soberanía nacional y la seguridad en zonas fronterizas.
En la audiencia de este martes, la máxima autoridad judicial rechazó la legitimidad del CECIM para presentar la acción, argumentando que la entidad no estaba habilitada legalmente para interponer el reclamo. El fallo no se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto, pero, según la jurisprudencia, permite su aplicación práctica sin mayores trabas.
Especialistas en derecho constitucional, como el abogado Andrés Gil Domínguez, advierten que la sentencia abre la puerta a que cualquier individuo, empresa o Estado extranjero adquiera cualquier parcela rural del país, incluso en áreas estratégicas de frontera, sin restricción alguna. Esta interpretación ha encendido alarmas en sectores agrarios y en organizaciones de defensa de la tierra, que temen una concentración de la propiedad en manos foráneas.
El CECIM emitió un comunicado calificando la decisión como una “venta de la República Argentina”. Según su portavoz, la Corte resolvió “el problema político de Milei” y dejó al país vulnerable a intereses externos. La reacción se suma a las protestas que se vivieron en 2024 cuando el gobierno intentó, sin éxito, aprobar un proyecto de ley más amplio sobre propiedad privada que incluía la flexibilización de la compra de tierras.
Mientras tanto, el Ejecutivo busca otras vías para impulsar la inversión extranjera en el sector agropecuario, argumentando que la apertura del mercado de tierras favorecerá el desarrollo económico y la competitividad internacional del país. El debate sobre la soberanía, la seguridad alimentaria y la distribución de la tierra continuará siendo uno de los temas más candentes en la agenda política argentina.
Fuente: Dw