Los fiscales del condado de Tompkins, en el estado de Nueva York, anunciaron este lunes la reapertura de la investigación penal sobre una supuesta violación grupal ocurrida en octubre de 2022 en la fraternidad Chi Phi de la Universidad de Cornell. La decisión se produce tras la presentación, el 16 de septiembre, de una demanda civil de 101 páginas por parte de una estudiante identificada como Jane Doe, quien alega haber sido drogada con ketamina y violada por siete miembros de la fraternidad mientras estaba intoxicada.
Doe, de 20 años en aquel entonces, sostuvo que la noche del 19 de octubre se separó de su grupo de sororidad y llegó sola a la casa de la fraternidad para encontrarse con un amigo. Según su relato, los hombres la agredieron durante varias horas, consumiendo alcohol y drogas, y posteriormente la dejaron sin capacidad de dar consentimiento. La demanda incluye cargos de agresión sexual, agresión física, negligencia, incumplimiento de contrato y violaciones a la Ley de Derechos Humanos de Nueva York, contra la universidad, la fraternidad y los acusados.
Documentos judiciales presentan capturas de un chat de Snapchat del grupo “Chi Phi Actives”, donde los miembros usan lenguaje vulgar para referirse a un “encuentro sexual gratuito” con la víctima, minutos antes de la madrugada del 20 de octubre. CBS News New York difundió también mensajes posteriores en los que uno de los acusados se disculpaba por la confusión y ambos admitían estar extremadamente intoxicados. La estudiante respondió que su recuerdo estaba “muy nublado” y que nada de lo sexual había sido ilegal, aunque la demanda sostiene lo contrario.
Cornell emitió un comunicado tras los hechos, indicando que su policía campus investigó, suspendió la sección local de la fraternidad y tomó medidas disciplinarias contra varios estudiantes. La universidad abrió una investigación interna bajo el Título IX y afirma haber impuesto expulsiones y sanciones, aunque niega que los acusados hayan recibido la opción de redactar ensayos como única consecuencia.
El fiscal Matthew Van Houten explicó que la investigación original de 2022 no contó con pruebas suficientes para presentar cargos, pero que la nueva demanda brinda información adicional que justifica volver a evaluar el caso ante un gran jurado. El gran jurado decidirá si existen fundamentos para presentar cargos penales, garantizando un proceso objetivo e imparcial.
Mientras tanto, la controversia ha generado un intenso debate en redes sociales y medios universitarios, con estudiantes y activistas exigiendo mayor transparencia y medidas más severas contra la violencia sexual en campus. La reapertura del caso pone de relieve la complejidad de los procedimientos judiciales en casos de agresión sexual y la presión pública para que las instituciones educativas respondan con mayor rigor.
Fuente: Bbc