El almirante José Rafael Ojeda Durán, quien fuera secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, hizo públicas sus finanzas del 2023 al presentar una declaración patrimonial que ahora está disponible en la plataforma Declaranet. Según el documento, el exfuncionario percibió un ingreso neto anual de 2,004,282 pesos, provenientes de sueldos, honorarios, bonos y aguinaldos. Esta información había estado reservada por motivos de seguridad nacional y solo fue revelada tras el reportaje de EL UNIVERSAL, que indicó que la reserva tendría vigencia hasta 2030.
En la declaración se detallan los bienes y obligaciones de Ojeda Durán. En septiembre de 2009 adquirió a crédito una camioneta Mitsubishi Endeavor Limited, cuyo valor asciende a 255,913 pesos. Además, el almirante reportó dos créditos hipotecarios: uno de 4.5 millones de pesos concedido por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito) en diciembre de 2020, y otro de 1.8 millones de pesos otorgado ese mismo año por el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Ambos préstamos están vinculados a propiedades que posee el exsecretario.
El documento también aclara que Ojeda Durán no tiene participación alguna en empresas, sociedades o asociaciones, lo que sugiere que sus ingresos provienen exclusivamente de su cargo y los créditos mencionados. La falta de actividades empresariales ha sido señalada por analistas como una medida de transparencia, aunque críticos argumentan que la reserva de la información podría ocultar posibles conflictos de interés.
La revelación de estos datos llega en un contexto de creciente escrutinio a los altos funcionarios del gobierno mexicano, especialmente en lo relativo a la declaración de patrimonios y posibles privilegios. La Secretaría de la Función Pública y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno han sido instadas a garantizar que todas las declaraciones sean accesibles y verificables, evitando la percepción de impunidad.
Expertos en la materia señalan que los créditos hipotecarios obtenidos por Ojeda Durán, particularmente el del Banjercito, reflejan la facilidad de acceso a financiamiento que tienen los militares de alto rango. Esto plantea preguntas sobre la equidad del sistema crediticio y la posible ventaja competitiva que disfrutan los miembros de las fuerzas armadas frente a la población civil.
Mientras tanto, la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil continúan demandando mayor claridad sobre los patrimonios de los servidores públicos. La publicación de la declaración de Ojeda Durán, aunque limitada en algunos aspectos, representa un paso hacia la rendición de cuentas, pero también evidencia la necesidad de revisar los criterios de reserva por seguridad nacional.
Fuente: Eluniversal