En el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se revela que el 68% de la población ocupada en Veracruz se encuentra en situación de informalidad, sin contrato escrito, prestaciones ni afiliación al seguro social. Esta cifra supera la media nacional, que ronda el 53%, y evidencia una brecha estructural que afecta a millones de familias en el estado. Los analistas señalan que la falta de cobertura de salud y pensiones convierte cualquier accidente o enfermedad en una amenaza directa a la estabilidad económica del hogar.
El fenómeno de la informalidad no es nuevo en la región; sin embargo, los datos recientes muestran una ligera mejoría respecto a los últimos cinco años, cuando la tasa alcanzaba el 73%. Expertos en mercado laboral atribuyen este avance a programas estatales de capacitación y a la expansión de la industria agroalimentaria, que ha generado empleos temporales con mayor formalidad. Aun así, la mayor parte de los puestos sigue sin garantizar derechos básicos, lo que mantiene a la población vulnerable frente a contingencias.
Las consecuencias sociales son palpables. Según la Secretaría de Salud de Veracruz, los trabajadores informales representan el 60% de los pacientes que acuden a hospitales públicos sin contar con seguro médico, lo que sobrecarga el sistema y eleva los costos de atención. Además, la ausencia de pensiones obligatorias deja a los adultos mayores sin ingresos estables, incrementando la dependencia de programas de asistencia social que ya presentan limitaciones presupuestarias.
El sector privado también se ve impactado. Empresas formales reclaman competencia desleal de negocios que emplean mano de obra sin costos de seguridad social, lo que reduce su margen de beneficio y dificulta la inversión en tecnología. En respuesta, la Cámara de Comercio de Veracruz ha impulsado una campaña para promover la formalización, ofreciendo asesoría gratuita y simplificando trámites de registro.
Ante este panorama, el gobierno estatal anunció la ampliación del programa “Formaliza tu Trabajo”, que incluye subsidios a micro‑empresas que regularicen a sus empleados y la creación de un portal digital para facilitar la afiliación al Instituto Veracruzano de Seguridad Social. Las autoridades esperan que, en los próximos dos años, la tasa de informalidad baje al menos un 5%.
Mientras tanto, organizaciones sindicales y ONG continúan exhortando a los trabajadores a exigir contratos y a denunciar prácticas laborales abusivas. La combinación de políticas públicas, presión social y apoyo empresarial será clave para reducir la precariedad y garantizar que el empleo sea una herramienta de desarrollo, no una fuente de vulnerabilidad.
Fuente: Diario de Xalapa