La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incorporó a 25 personas físicas y 15 morales a la Lista de Personas Bloqueadas, tras identificar operaciones financieras con “elementos de riesgo”. La medida, anunciada por el secretario Edgar Amador Zamora, se describe como preventiva y no constituye una determinación de responsabilidad legal. Entre los bloqueos se encuentra la cuenta de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y la de los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, contratistas del organismo.
La SHCP también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue los movimientos detectados y se establezcan posibles responsabilidades. Esta acción se suma a un operativo anterior en el que la UIF había congelado 70 cuentas bancarias vinculadas a proveedores electorales. Los investigadores buscan rastrear supuestos esquemas de simulación de competencia en licitaciones, triangulación de recursos y el uso de empresas factureras.
Los Hernández Casillas están relacionados con siete compañías que han suministrado material electoral, entre ellas Cajas Graf, Corporativo Zeg y Seriplast de México. Medios como El Gran Diario de México, Latinus y Reforma señalaron que durante la gestión de Taddei se asignaron millones de pesos a contratos con Cajas Graf, empresa del empresario José Alfredo Hernández. Video grabaciones que muestran a Taddei y al contratista en diversas ocasiones alimentaron las sospechas de conflicto de interés y corrupción.
Ante estas acusaciones, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación que abarca al INE, a sus funcionarios, a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y a las compañías involucradas. La presión política aumentó cuando, el 25 de octubre, Taddei anunció su renuncia a la Cámara de Diputados, lo que llevó al nombramiento interino de Blanca Yassahara Cruz García como consejera presidenta del INE.
Cruz García, en coordinación con los diez consejeros electorales, informó que se remitirá el caso a la FGR por irregularidades encontradas en la administración de Taddei, que había comenzado en abril de 2023. Según el último corte del INE, se registran 30 renuncias de funcionarios, 17 de ellas provenientes de la oficina de la exconsejera, lo que refleja la magnitud de la crisis interna.
El bloqueo de cuentas y la denuncia formal marcan un punto crítico en la investigación de posibles actos de corrupción dentro del organismo electoral. Si bien la UIF aclara que la medida es preventiva, la expectativa pública y mediática se centra en los resultados de la investigación de la FGR y en la posible sanción a los implicados, lo que podría redefinir la confianza en los procesos electorales del país.
Fuente: Eluniversal