El pasado 18 de octubre cuatro militares salvadoreños que formaban parte de la Fuerza de Represión de las Pandillas (GSF) desaparecieron en una emboscada en la periferia de Puerto Príncipe. Como reacción, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, movilizó a unas 2,000 tropas para intentar rescatar a los desaparecidos y, según fuentes, iniciar operaciones contra las bandas criminales que dominan el territorio haitiano. La presencia de estos soldados se dio antes de que se firmara un acuerdo bilateral el 28 de octubre, lo que deja en el aire la base legal del operativo y genera dudas sobre bajo qué mando y con qué reglas de enfrentamiento actúan.
Expertos en seguridad regional, como Romain Le Cour Grandmaison del observatorio GI‑TOC, señalan que la GSF es una misión respaldada por la ONU desde abril de 2026, pero la llegada de fuerzas centroamericanas sin claridad jurídica la convierte en una “orquesta sin director”. Además, el profesor Günther Maihold advierte que la “invasión” de Bukele podría no estar alineada con el derecho internacional, pues no se ha presentado una justificación legal que legitime la intervención más allá de la búsqueda de los cuatro militares desaparecidos.
Los analistas también ponen en tela de juicio la transferencia del modelo de “mano dura” que ha usado Bukele en El Salvador a un contexto tan distinto como el haitiano. En Haití, las organizaciones criminales funcionan como milicias con territorio, impuestos y redes políticas, mientras que el Estado está paralizado y sus cárceles fueron vaciadas en 2024. Por ello, la fuerza militar sola no basta; la experiencia de la misión MINUSTAH muestra que despejar áreas sin justicia ni institucionalidad produce resultados temporales y puede empeorar la violencia.
Desde Washington la postura ha sido ambigua. Según José Miguel Cruz, profesor de la Universidad Internacional de Florida, la administración estadounidense no habría permitido tal paso sin una aprobación tácita, pues EE. UU. impulsó la creación de la GSF y facilitó el traslado de los soldados mediante aviones militares. Sin embargo, la discreción del gobierno de EE. UU. en público deja la percepción de una complicidad que complica la legitimidad del operativo.
La población haitiana y las propias pandillas podrían reaccionar contra la presencia de tropas extranjeras, según el criminólogo de la FIU. Un rechazo popular podría traducirse en una mayor resistencia y en un conflicto que trascienda la mera búsqueda de los cuatro desaparecidos. Además, la falta de coordinación entre fuerzas locales, internacionales y privadas –como la empresa estadounidense Vectus Global– dificulta la creación de una estrategia integral.
Finalmente, el impacto político de la intervención es innegable. Con elecciones previstas para julio de 2027, el control de territorio por parte de fuerzas externas podría influir en los resultados electorales, mientras que el éxito o fracaso de la operación sentará un precedente para otros países de la región que contemplen acciones militares unilaterales fuera del marco multilateral.
Fuente: Dw