Dirigentes sindicales del Poder Judicial de la Federación y autoridades del Órgano de Administración Judicial se reunieron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revertir el polémico acuerdo que establecía un nuevo esquema de evaluación de la carrera judicial. Ambas partes acordaron eliminar cualquier referencia que permitiera sanciones o la separación del cargo como consecuencia de la evaluación, tras semanas de protestas y un paro que paralizó los juzgados del país. El diálogo, que se mantuvo durante varios días, buscó conciliar las demandas de los servidores judiciales con la necesidad institucional de contar con mecanismos de control de desempeño.
En el comunicado oficial de la SCJN se señaló que se derogan las evaluaciones extraordinarias solicitadas por los titulares de los tribunales y se revisan los porcentajes de los criterios que involucraban juicios subjetivos. Con estos cambios, la evaluación pasará a ser una herramienta orientada exclusivamente a mejorar la eficiencia, la eficacia y la calidad en la impartición de justicia, sin efectos punitivos. La Suprema Corte enfatizó que la reforma será publicada pronto en el Diario Oficial de la Federación, garantizando su vigencia legal y transparencia.
El conflicto surgió cuando el Poder Judicial propuso un modelo de evaluación que, según los sindicatos, vulneraba la estabilidad laboral y podía ser usado como arma contra magistrados críticos. Los trabajadores organizaron un paro que comenzó a fines de octubre y que dejó sin funcionamiento varios juzgados y tribunales, generando retrasos en procesos judiciales y afectando a la ciudadanía. La presión social y la cobertura mediática impulsaron a las autoridades a buscar una solución negociada.
Con la decisión de la SCJN, los juzgados y tribunales del Poder Judicial volverán a operar con normalidad el próximo lunes 9 de noviembre. Se espera que la reactivación reduzca la acumulación de expedientes pendientes y restablezca la confianza en el sistema judicial. Los sindicatos, por su parte, anunciaron que vigilarán la implementación del nuevo esquema para evitar retrocesos.
Expertos en derecho laboral consideran que este acuerdo marca un precedente importante en la relación entre el Estado y sus servidores públicos, al demostrar que el diálogo puede reemplazar medidas coercitivas. Sin embargo, advierten que la supervisión continua será clave para que la evaluación cumpla su objetivo de mejorar la justicia sin convertirse en un mecanismo de persecución.
En resumen, la suspensión del acuerdo de evaluación punitiva y la puesta fin al paro representan un paso significativo hacia la estabilidad institucional del Poder Judicial, aunque quedará pendiente observar cómo se materializan los cambios anunciados en la práctica diaria de los tribunales.
Fuente: Eluniversal