Wilber Rafael Garcés Pérez, de 28 años, trabajaba como repartidor de DoorDash cuando un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le disparó en el torso en Austin, Texas, este domingo. Tras ser trasladado a un hospital, el venezolano fue llevado al centro de procesamiento de migrantes en Pearsall, donde, con el altavoz del teléfono activado, dio una entrevista a medios y líderes comunitarios. “Me siento mal, la bala sigue dentro y no me han dado la atención necesaria”, declaró, añadiendo que la bala está cerca de su columna vertebral y aún no ha sido extraída.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que está investigando el tiroteo de un hombre que ingresó al país de manera irregular, mientras el alcalde de Austin, Kirk Watson, y la policía local exigieron una investigación independiente. La escena se tornó tensa cuando decenas de manifestantes, ondeando banderas de México y Guatemala, se congregaron frente al vehículo dañado, un Toyota Corolla azul, exigiendo que ICE abandone la ciudad. Los protestantes demandan claridad sobre la actuación de los agentes y el uso de la fuerza.
Según Garcés, los agentes de ICE impactaron lateralmente con su coche sin identificarse, sin encender luces ni sirena, y lo obligaron a dar una vuelta en U para estacionarse. Contrariamente, el DHS sostiene que el hombre salió corriendo cuando los agentes lo confrontaron. La versión del repartidor indica que el disparo ocurrió después de que tuvo que abandonar su vehículo, mientras que la agencia afirma que no hubo persecución a pie.
La abogada de Garcés, Kate Lincoln‑Goldfinch, reveló que el migrante llamó a su esposa mientras gritaba de dolor en el hospital y que, bajo custodia de ICE, no ha recibido analgésicos ni una cama adecuada, durmiendo en el suelo. Lincoln‑Goldfinch subrayó que Garcés ingresó legalmente a EE. UU. con un permiso de trabajo válido, lo que complica aún más la legitimidad de la detención y el uso de la fuerza.
Este caso se suma a una serie de incidentes mortales y controvertidos involucrando a ICE, como la muerte de Lorenzo Salgado Araujo en Houston. El congresista demócrata de Texas, Greg Casar, pidió una investigación completa e independiente, así como la publicación de las grabaciones de cámaras corporales. Los activistas exigen reformas que obliguen a los agentes a portar cámaras y a no ocultar sus rostros durante operativos.
Mientras tanto, la comunidad inmigrante y los defensores de derechos humanos siguen vigilantes, demandando que la verdad salga a la luz y que los responsables, si los hay, rindan cuentas. La presión sobre la administración federal para revisar sus políticas migratorias se intensifica, y el caso de Garcés podría convertirse en un punto de inflexión para la rendición de cuentas de ICE.
Fuente: Bbc