Kenis López, nicaragüense de 45 años, fue arrancado de su casa en Minnesota en enero y, tras pasar por varios centros de detención, abordó un vuelo de deportación en Dallas el 28 de agosto. Según su testimonio, el agente de ICE le disparó con balas de goma cuando se negó a bajar del autobús, dejándole hematomas en brazos y pecho. Las marcas fueron confirmadas por médicos de Physicians for Human Rights, quienes las describen como compatibles con proyectiles de bajo impacto letal.
López asegura que, sin información clara, fue llevado a un avión atado de pies y manos y con un casco, bajo la premisa de que su destino era “África”. Al llegar al avión descubrió que sería enviado a la República Centroafricana (RCA), uno de los países más pobres y conflictivos del continente. Allí, en Bangui, comparte su historia con otros latinoamericanos deportados, todos bajo el mismo acuerdo de “tercer país seguro” que el gobierno de Donald Trump firmó con varias naciones africanas.
La RCA, rica en recursos como diamantes y petróleo, lleva sumida en crisis desde 2013, cuando grupos armados se enfrentaron y el país cayó en un caos político y humanitario. Según datos de la ONU, el 71,6% de su población vive con menos de 3 dólares al día y la esperanza de vida ronda los 58 años. En este contexto, la llegada de migrantes latinoamericanos, muchos con protección judicial contra la deportación, plantea serias dudas sobre su seguridad y derechos humanos.
Organizaciones como Human Rights First y Refugees International estiman que, entre enero de 2025 y agosto de 2026, más de 23,000 personas fueron enviadas a 26 países bajo estos acuerdos, incluyendo a casi 20,000 a México y 330 a naciones africanas. La Corte Suprema de EE. UU. permitió que la política continúe mientras se revisan los litigios, a pesar de que varios tribunales han exigido que los migrantes puedan objetar su traslado a terceros países.
En Bangui, la vida de López y sus compatriotas es precaria. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) les brinda alimentación básica, pero el acceso a agua, luz e internet es intermitente y la inseguridad es constante. “Me siento como si estuviera en arresto domiciliario”, comenta Luis Carlos Mendoza, otro nicaragüense deportado. Ambos piden que sus casos sean revisados y que regresen a EE. UU., donde tienen familia y protección legal.
El caso de López evidencia la tensión entre la aplicación estricta de la ley migratoria estadounidense y los principios internacionales de no devolución (non‑refoulement). A pesar de contar con una orden de protección bajo la Convención contra la Tortura, fue expulsado sin una revisión adecuada de su riesgo en la RCA. La comunidad internacional sigue observando cómo estas políticas afectan a personas vulnerables, mientras EE. UU. defiende que está cumpliendo la ley tal como está escrita.
Fuente: Bbc