América Latina fue pionera en la abolición total de la pena capital cuando Venezuela la prohibió en 1863. Sin embargo, a lo largo de los siglos, varios países de la región mantuvieron la figura en sus códigos, aunque en la práctica su aplicación sea escasa o limitada a casos excepcionales. El reciente informe de Amnistía Internacional, que cubre el año 2025, muestra que la mayoría de los estados latinoamericanos han eliminado la pena de muerte para delitos comunes, pero aún persisten excepciones en algunos sistemas judiciales y militares.
Cuba es el caso más llamativo. En 1999 se introdujo la cadena perpetua como alternativa a la pena capital, y desde el año 2000 existe una moratoria que solo se interrumpió en 2003 con el fusilamiento de tres jóvenes acusados de terrorismo. El Código Penal de 2022 mantiene la pena de muerte como sanción “excepcional” para 23 tipos de delitos de extrema gravedad, aunque la última ejecución se registró hace más de dos décadas. Las autoridades cubanas afirman que la eliminación definitiva dependerá de condiciones políticas y de seguridad, particularmente de la relación con Estados Unidos.
Guatemala declaró inconstitucional la pena de muerte para asesinatos y otros delitos comunes en 2016‑2017, pero la normativa militar de 1878 aún la contempla. El artículo 18 de su Constitución prohíbe su aplicación a mujeres, mayores de sesenta años y ciertos delitos políticos, entre otros. En la práctica, los tribunales guatemaltecos sustituyen la pena capital por largas condenas de prisión, aunque la figura sigue vigente en el Código Penal Militar.
Chile, Perú, Brasil y El Salvador también conservan la pena de muerte, pero exclusivamente en contextos de guerra o bajo códigos militares. Chile la sustituyó por cadena perpetua en 2001, pero su justicia militar la mantiene para crímenes graves en tiempo de conflicto. En El Salvador y Perú la Constitución permite la pena capital sólo para traición, espionaje o terrorismo en caso de guerra internacional. Brasil, por su parte, la retuvo para delitos graves cometidos en situaciones de guerra, aunque nunca ha ejecutado a nadie en la era democrática.
Amnistía Internacional reportó 2,707 ejecuciones a nivel mundial en 2025, un aumento del 78% respecto al año anterior, y 47 de ellas en Estados Unidos, el único país de la región que sigue ejecutando. En contraste, la mayoría de los países latinoamericanos firmaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que limita la reintroducción de la pena de muerte.
El panorama muestra una tendencia clara hacia la abolición total, pero la persistencia de excepciones legales y la falta de datos precisos en algunos estados hacen que la discusión siga abierta. El debate se reaviva cada vez que surgen casos de violencia extrema o conflictos armados, poniendo a prueba los compromisos internacionales de derechos humanos de la región.
Fuente: Bbc