El gobierno mexicano ha autorizado la cesión de una franja marítima frente al puerto de Guaymas, Sonora, para permitir el tránsito de gas natural licuado (GNL) proveniente de Estados Unidos y destinado a mercados asiáticos. La decisión, anunciada por la Secretaría de Marina, busca facilitar la expansión de la infraestructura energética global, pero ha generado críticas de sectores ambientalistas y de la oposición política que señalan la vulnerabilidad del territorio nacional.
La zona cedida corresponde a un corredor de aproximadamente 30 kilómetros de ancho, ubicado en la zona económica exclusiva (ZEE) mexicana. Según el acuerdo, compañías estadounidenses podrán utilizar este corredor para transportar buques metaneros que cargan GNL desde puertos de la costa oeste de EE.UU. hasta terminales de regasificación en Japón, Corea del Sur y China. El proyecto forma parte de una estrategia más amplia de diversificación de rutas energéticas que busca reducir la dependencia de los estrechos de Malaca y del Canal de Suez.
Autoridades mexicanas argumentan que la cesión no implica pérdida de soberanía, ya que el Estado seguirá manteniendo el control militar y regulatorio del espacio marítimo. Además, se espera que la operación genere ingresos por concepto de peajes y servicios portuarios, lo que podría traducirse en recursos para proyectos de desarrollo regional en Sonora. Sin embargo, la comunidad local ha expresado su preocupación por los posibles impactos ambientales, especialmente en una zona conocida por su biodiversidad marina y por ser una ruta de migración de especies como la tortuga carey.
Organizaciones ecologistas han pedido al gobierno que realice estudios de impacto ambiental exhaustivos y que garantice la protección de los ecosistemas costeros. En su informe, la ONG Greenpeace México advierte que el aumento del tráfico de buques metaneros eleva el riesgo de derrames y emisiones de gases de efecto invernadero, contrarrestando los compromisos del país en la lucha contra el cambio climático.
Por su parte, la oposición política ha calificado la medida como una “cesión de territorio sin consulta popular” y ha solicitado al Congreso la revisión del acuerdo. El diputado de Morena, Alejandro García, ha propuesto la creación de una comisión bicameral para evaluar los beneficios y costos de la iniciativa, así como para asegurar que los recursos generados se destinen a programas sociales.
Mientras tanto, la industria energética de EE.UU. celebra el avance, pues abre una vía más directa para exportar su abundante producción de gas a Asia, donde la demanda sigue en aumento. Expertos del sector estiman que la ruta podría mover entre 5 y 7 millones de toneladas de GNL al año, impulsando la competitividad de los exportadores norteamericanos.
En conclusión, la cesión del corredor marítimo de Guaymas representa un punto de inflexión en la política energética de México, al equilibrar intereses económicos internacionales con la defensa del medio ambiente y la soberanía nacional. El debate seguirá abierto mientras se evalúan los impactos reales y se define el marco regulatorio que regirá esta nueva ruta comercial.
Fuente: Jornada