Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron este jueves ante el tribunal federal de Nueva York y se declararon no culpables de los nuevos cargos de conspiración para cometer actos de tortura. La audiencia forma parte de una investigación que comenzó en 2022, cuando Estados Unidos acusó al mandatario venezolano de narcoterrorismo, tráfico de drogas y violaciones a sanciones de armas. La semana pasada, los fiscales ampliaron la acusación incluyendo presuntos crímenes de tortura cometidos contra ciudadanos estadounidenses durante el gobierno de Maduro.
Los dos fueron capturados en enero durante una incursión militar estadounidense y trasladados a la cárcel federal de Brooklyn, donde permanecen bajo custodia. Ante el juez Alvin Hellerstein, Maduro rechazó enérgicamente las acusaciones, calificándolas de “falsas” y “fabricaciones” destinadas a desestabilizar su gobierno. Flores, igualmente, solicitó que se desestime el caso alegando inmunidad soberana y afirmó: “Soy completamente inocente”.
Según el escrito de la acusación, el régimen de Maduro habría autorizado un sistema de tortura que incluía descargas eléctricas, asfixia, violación, aislamiento prolongado y privación de alimentos, entre otros métodos. Los fiscales aseguran que más de una decena de ciudadanos estadounidenses fueron víctimas mientras estaban detenidos en Venezuela. La defensa sostiene que la inmunidad del jefe de Estado impide que sea juzgado por tribunales extranjeros y que su captura por la fuerza viola el derecho internacional.
El juicio está programado para junio de 2027, pero los abogados de la pareja ya han presentado múltiples recursos para acelerar su liberación. Flores intentó obtener fianza alegando problemas cardíacos, solicitud que fue rechazada por el magistrado. Ambos aparecen con uniformes carcelarios beige y se notó una pérdida de peso evidente, señal de las duras condiciones de su detención.
Esta causa revive el debate sobre la legalidad de la captura de líderes extranjeros en territorio estadounidense y la aplicación de la inmunidad soberana. Washington ha argumentado que los crímenes de tortura son universales y no pueden quedar impunes, mientras que Caracas denuncia una persecución política con el fin de presionar por el petróleo y la influencia regional.
El caso sigue en desarrollo y será observado tanto por organismos de derechos humanos como por gobiernos que buscan definir los límites de la jurisdicción penal internacional. La sentencia final, sea cual sea, podría sentar un precedente importante sobre la rendición de cuentas de altos mandatarios en conflictos de poder global.
Fuente: Bbc