La presidenta Laura Fernández abrió este miércoles el Centro de Alta Contención Contra el Crimen Organizado (CACCO), una prisión de máxima seguridad que replica el modelo de la polémica megacárcel salvadoreña. El acto, realizado en el complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, buscó demostrar la “mano dura” del gobierno contra el narcotráfico y la violencia que, según autoridades, ha aumentado en los últimos años. Fernández declaró que Costa Rica necesitaba una cárcel donde prevalezca la autoridad pública y no los criminales, marcando lo que llamó “un antes y un después” en la seguridad nacional.
El CACCO cuenta con cinco módulos, cada uno con 17 celdas de 90 m², y una capacidad total de 5 100 internos, con hasta 60 reos por celda. Los internos tendrán acceso a solo una hora de luz solar diaria, uniformes naranja y un régimen estricto de visitas. El recinto ocupa 91 000 m² y su construcción costó alrededor de 16.774 millones de colones (unos 35 millones de dólares). Los primeros reclusos serán trasladados a finales de mes, mientras la presidenta anunció que continuará evaluando el modelo para garantizar el respeto a los derechos humanos.
La iniciativa se inspira directamente en la política de seguridad de Nayib Bukele, quien desde 2019 ha implementado un régimen de excepción que ha reducido la violencia pero ha generado críticas por violaciones de derechos humanos. Organizaciones internacionales, incluido un informe de la ONU, señalan que el modelo salvadoreño ha derivado en crímenes de lesa humanidad y una de las tasas de encarcelamiento más altas del planeta, con 1 659 presos por cada 100 000 habitantes. Costa Rica, tradicionalmente conocida por su respeto a los derechos humanos, enfrenta ahora el dilema de adoptar un modelo tan controvertido.
El contexto nacional muestra un incremento de homicidios: en 2025 se registraron 873 muertes, el tercer año más violento de la historia costarricense, según el Organismo de Investigación Judicial. Una encuesta de OPol Consultores reveló que el 96 % de los costarricenses considera necesario endurecer las leyes contra el crimen organizado, lo que ha alimentado el apoyo popular a la nueva cárcel.
Sin embargo, la oposición y defensores de derechos humanos critican la medida, advirtiendo que la réplica del modelo salvadoreño podría erosionar la reputación internacional de Costa Rica. La presidenta Fernández, en un enfrentamiento abierto con el poder judicial, acusó a jueces y fiscales de ser “blandos” y aseguró que el nuevo recinto será firme pero respetará los derechos fundamentales.
En los próximos meses, el CACCO será puesto a prueba. La comunidad internacional observará si la estrategia logra reducir la criminalidad sin sacrificar los principios de derechos humanos que han caracterizado a Costa Rica durante décadas.
Fuente: Bbc