Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) retomaron las calles este viernes en una serie de protestas que abarcaron más de veinte estados del país. La causa es el reciente esquema de evaluación de la carrera judicial aprobado por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), al que los sindicatos lo califican de “examen punitivo” que amenaza la estabilidad laboral y la inamovilidad de jueces, magistrados y personal de apoyo. La medida, anunciada como diagnóstico, ha generado desconfianza porque, según los propios empleados, la mitad de los magistrados fueron removidos tras la reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En la Ciudad de México, cientos de empleados bloquearon los edificios del PJF en San Lázaro, avenida Revolución, Periférico Sur (Las Flores) y Ajusco. Con pancartas que leían “No a los exámenes punitivos” y “¡Evaluación a los del acordeón!”, cerraron la avenida Zaragoza, paralizando el tráfico hacia el oriente y sur de la capital durante varias horas. La autoridad del OAJ respondió que la primera evaluación será solo diagnóstica y no tendrá consecuencias laborales, pero los trabajadores demandan garantías firmes y la anulación del acuerdo que consideran discriminatorio.
Patricia Aguayo Bernal, vocera del sindicato en San Lázaro, explicó que la protesta busca que el OAJ elimine el acuerdo y que, si se realizan evaluaciones, estas deben orientarse a mejorar la institución y no a despidos. Señaló que el plan actual afecta a secretarios, actuarios y oficiales judiciales, y que el temor principal es que el examen se convierta en un mecanismo para deshacerse de personal con derecho a la estabilidad.
La tensión se intensificó en Durango, donde el titular del OAJ, Néstor Vargas Solano, fue confrontado por integrantes del Sindicato Renovación durante una gira de trabajo. Al intentar abrir un espacio de diálogo, los sindicalistas rompieron el acuerdo de diez personas por sindicato y le dieron un portazo al funcionario, según autoridades de la dependencia. Vargas Solano, sin embargo, sostuvo que mantuvo una reunión con treinta empleados para atender sus peticiones.
Las manifestaciones se replicaron en ciudades como Torreón, Monterrey, La Paz, Ciudad Juárez y Chihuahua, donde cientos de trabajadores cerraron avenidas, colocaron candados en puertas y bloquearon el acceso a los edificios judiciales. En Tabasco, más de mil doscientos empleados del Décimo Circuito anunciaron que están dispuestos a cerrar calles y avenidas para defender sus derechos, mientras que en Hidalgo el paro se declaró indefinido, generando interrupciones en el bulevar Luis Donaldo Colosio de Pachuca.
Los sindicatos del PJF advierten que el verdadero problema no es la aplicación del examen, sino quién lo administra y con qué criterios, pues podrían usarlo como excusa para despidos masivos. Hasta el momento, el OAJ no ha ofrecido cambios sustanciales al esquema, por lo que la movilización nacional sigue en curso, con la expectativa de que el gobierno federal tome una posición que garantice la estabilidad laboral y la independencia judicial.
Fuente: Eluniversal