Los empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF) continúan con la suspensión total de labores iniciada el pasado viernes 6 de noviembre, extendiendo la protesta a ciudades como Puebla, León, Ciudad de México, Zacatecas, Acapulco, Guanajuato y Toluca. La medida, que ya lleva varios días, se sustenta en la exigencia de que se eliminen las sanciones derivadas de un nuevo acuerdo de evaluación de desempeño que, según los trabajadores, vulnera la estabilidad laboral y la trayectoria profesional de los servidores judiciales.
El conflicto se originó tras la publicación, el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, del acuerdo del Órgano de Administración Judicial (OAJ) que regula el proceso de evaluación del personal de carrera. Los juzgados y tribunales denuncian que el esquema incluye una ponderación de la opinión del jefe de área, lo que consideran una herramienta de castigo arbitrario. Además, reclaman que la evaluación masiva se aplique a funcionarios a punto de jubilarse, sin previo aviso ni criterios claros.
Los manifestantes, encabezados por la secretaria del Tribunal de Circuito, Patricia Aguayo, han solicitado la eliminación del porcentaje de calificación que corresponde a la valoración del superior y la creación de un comité de evaluación con representación de los propios trabajadores. En sus pancartas se leen consignas como “Yo fui evaluado, no soy improvisado” y “Sí a la capacitación, no a la represión”, reflejando la demanda de capacitación judicial, oportunidades de crecimiento y reconocimiento a la experiencia acumulada.
A pesar de reconocer avances en las mesas de diálogo, los sindicatos subrayan que los compromisos anunciados no son suficientes mientras no se conviertan en modificaciones normativas oficiales que garanticen la estabilidad laboral. Por ello, la suspensión de labores permanecerá hasta que existan garantías jurídicas verificables y se publiquen los cambios requeridos en el marco legal.
En la sede del PJF en San Lázaro, los trabajadores bloquearon intermitentemente la circulación en la Avenida Revolución, dejando solo un carril disponible. La protesta se ha mantenido pacífica, aunque los bloqueos generan molestias al tránsito y presionan a las autoridades a encontrar una solución rápida y concreta.
Los funcionarios reiteran su disposición al diálogo y al respeto de la función jurisdiccional, convencidos de que la solución debe construirse con responsabilidad institucional y hechos concretos. Mientras tanto, la nación observa con atención cómo evoluciona este conflicto que pone en juego la operatividad del sistema judicial federal.
Fuente: Eluniversal