Según datos publicados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los homicidios dolosos registrados en México durante el primer semestre de 2024 disminuyeron 50 por ciento respecto al mismo periodo de 2023. La caída se observa en la mayoría de los estados, aunque persisten focos críticos en regiones del norte y del sur del país. El gobierno federal atribuye esta tendencia a la intensificación de operativos contra el crimen organizado y a la mayor coordinación entre policías estatales y federales.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) también reveló una caída significativa en la percepción de inseguridad entre la población. En la encuesta de victimización, el 62 % de los encuestados manifestó sentirse más seguro, la cifra más baja desde que se empezó a medir en 2012. Analistas señalan que la mejora percibida está vinculada a la mayor visibilidad de las fuerzas de seguridad y a campañas de prevención en comunidades vulnerables.
Sin embargo, expertos en derechos humanos advierten que la reducción de homicidios no garantiza una disminución de la violencia estructural. “Los índices de desapariciones forzadas, violencia contra mujeres y delitos de alto impacto siguen alarmantes”, puntualiza la directora de la ONG Justicia y Paz. Además, algunos críticos acusan al gobierno de subestimar los casos de homicidios no reportados o clasificados erróneamente.
En el contexto internacional, México se sitúa ahora por debajo del promedio de América Latina en tasas de homicidio, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad de los Andes. El país ha pasado de 29 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2022 a 14 en 2024, una reducción que coloca a México en la mitad de la tabla comparativa.
Las autoridades federales anunciaron que mantendrán el plan de seguridad “Patria Segura” durante los próximos doce meses, con énfasis en la prevención social, el fortalecimiento de la justicia y la modernización de la infraestructura policial. Asimismo, se destinarán recursos adicionales a la capacitación de agentes y a la adquisición de tecnología de vigilancia.
A pesar de los avances, la sociedad civil sigue exigiendo mayor transparencia en los registros de violencia y la garantía de derechos humanos. La combinación de datos oficiales y la percepción ciudadana sugiere una tendencia positiva, pero expertos insisten en que la lucha contra la violencia debe ser integral y sostenible a largo plazo.
Fuente: Jornada