La isla volcánica de El Hierro, con menos de 12 000 habitantes, ha visto llegar en los primeros quince días de noviembre a más de 10 000 migrantes, cifra que se aproxima a su número de residentes. La oleada proviene principalmente de cayucos que zarpan desde Senegal y Gambia, y ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades canarias y del gobierno central.
Ante este escenario, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha exigido informes a la agencia fronteriza europea Frontex sobre el despliegue de recursos para frenar el éxodo. Mientras tanto, el Ejecutivo español ha aprobado una inyección de 5 millones de euros: 3 millones para el Servicio Canario de Salud y 2 millones para el Cabildo, que se suman a los 15,18 millones ya previstos en la emergencia migratoria.
Los datos del Ministerio del Interior confirman la magnitud del fenómeno: hasta el 15 de noviembre se registraron 24 364 llegadas a Canarias, un 65,9 % más que en el mismo periodo del año anterior, con un récord de 1 580 personas en un solo día. A pesar de la caída del 71 % en llegadas durante los primeros cinco meses del año, según Frontex, la tendencia se ha revertido en los últimos meses, y las desapariciones en la ruta hacia Europa aumentan casi un 20 %.
El gobierno ha activado un marco legal que lleva dos años gestándose, incluyendo la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que permite el traslado de menores desde territorios saturados. Hasta febrero se habían reubicado 1 019 menores, y en junio la ministra Sira Rego anunció la creación de un fondo de 35 millones de euros para gestionar la contingencia migratoria extraordinaria.
Sin embargo, la respuesta ha sido criticada por la administración local. El alcalde de El Hierro señala la falta de previsión y asegura que, pese a la presencia de una treintena de agentes de la Guardia Civil y el despliegue de un hospital de campaña, la isla aún no ha recibido los recursos financieros prometidos. La tensión política se refleja también en la oposición: el PP y Vox demandan la militarización de la frontera, mientras que el gobierno central descarta esa medida.
En el plano internacional, el presidente Sánchez ha mantenido conversaciones con Senegal y planea dialogar con Gambia para abordar las causas de la salida masiva. El pacto europeo de migración y asilo, vigente desde junio, obliga a un cribado obligatorio en las fronteras, pero su aplicación aún genera debates sobre la carga que representa para regiones como Canarias.
Con la llegada de un cayuco que transportó a 134 personas, la situación sigue siendo una operación de rescate bajo el derecho del mar. La discusión sobre la regularización, los cupos y la expulsión directa continúa, mientras la isla de El Hierro lucha por equilibrar la seguridad, la asistencia humanitaria y la sostenibilidad de sus recursos.
Fuente: xataka