El miércoles 23 de septiembre la justicia española ejecutó el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que vivía en un apartamento del barrio de Retiro desde 1956. La ejecución, realizada por una comisión judicial, obligó a la anciana a abandonar el piso en camilla y a ser trasladada al hospital Gregorio Marañón. El caso ha encendido las protestas de activistas y personalidades públicas que denunciaron la especulación inmobiliaria y la falta de protección para inquilinos vulnerables.
Maricarmen habitaba un inmueble de 92 metros cuadrados bajo un contrato de “renta antigua”, un tipo de alquiler firmado durante la dictadura franquista que mantiene precios históricamente bajos. Durante décadas pagó 500 euros mensuales, una cifra muy inferior al valor de mercado actual en una zona tan cotizada como el Retiro. En 2018 el edificio cambió de propietario y, tras una oferta de compra de 247,000 euros que la anciana no pudo asumir, la nueva dueña, la empresa Urbagestión, incrementó la renta a 1,650 euros, superando en 300 euros la pensión mensual de Maricarmen.
La defensa de la propietaria argumentó que el contrato de renta antigua había concluido tras la segunda sucesión hereditaria, según la interpretación del Tribunal Supremo. La abogada de la anciana, Beatriz Duro, criticó la falta de responsabilidad de las autoridades y la facilidad con que los grandes fondos de inversión pueden desalojar a inquilinos de larga data. Tres intentos anteriores de ejecución fueron aplazados, pero el cuarto se llevó a cabo pese a la presencia de cientos de manifestantes que bloquearon la entrada del edificio.
El desalojo ha puesto de relieve la creciente escasez de viviendas en Madrid y Barcelona, donde el precio medio del alquiler ha aumentado más del 80% en la última década. Según datos de Idealista, en agosto de 2026 el alquiler promedio alcanzó 23,3 euros por metro cuadrado, mientras que el Banco de España estima que se construyeron 750,000 viviendas menos de las necesarias entre 2021 y 2025.
El gobierno, representado por la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez, calificó el episodio como “triste y dramático” y reiteró su compromiso de frenar la especulación. Sin embargo, expertos advierten que la solución pasa por ampliar la oferta de alquiler y reformar la legislación para evitar procesos de desahucio que se prolongan años.
Mientras tanto, la comunidad internacional ha llamado la atención sobre el caso: el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU solicitó la paralización del desahucio y una alternativa habitacional adecuada para Maricarmen. La historia de la anciana se ha convertido en un símbolo de la crisis de vivienda que afecta a miles de españoles, especialmente a los más vulnerables.
Fuente: Bbc