La Auditoría Superior de la Federación (ASF), bajo la dirección de Aureliano Hernández Palacios Cardel, reveló este miércoles una serie de irregularidades en la gestión de recursos públicos de Nuevo León, Sinaloa y varios entes federales. Según el informe presentado en la Segunda Entrega de Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2025 ante la Cámara de Diputados, se identificaron esquemas de triangulación y simulación de operaciones cuyo objetivo era desviar fondos mediante pagos a proveedores vinculados a servidores públicos.
En el caso de Sinaloa, la ASF mostró una gráfica que evidencia cómo autoridades estatales y municipales adjudicaron obras a una constructora perteneciente a dos familiares de un funcionario del gobierno estatal. La maniobra habría permitido transferir recursos a cuentas bancarias de personas morales y físicas con estrechos lazos familiares con los servidores implicados, dificultando la trazabilidad del dinero.
En Nuevo León se detectaron patrones similares: contratos inflados, facturas ficticias y pagos a empresas controladas por allegados a funcionarios. Estas prácticas forman parte de un esquema más amplio que, según la ASF, afecta a los tres órdenes de gobierno y suma más de 9,000 millones de pesos sin aclarar su destino final.
A nivel federal, el informe destaca irregularidades en el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios y en la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, donde se observaron gastos de operación y movimientos financieros no justificados por un total de 2,327 millones de pesos. Además, auditorías a entidades federativas revelaron 1,200 millones de pesos pendientes de aclarar, concentrándose principalmente en los sectores de educación y salud.
El sector salud, sin embargo, mostró la mayor recuperación: 553 millones de pesos fueron reintegrados, lo que podría destinarse a la compra de medicamentos, insumos médicos y equipamiento para mejorar la atención a la población. Asimismo, 42 auditorías municipales revisaron el 100 % de los recursos federales asignados, detectando que más de 5,200 millones de pesos no pudieron acreditarse, lo que indica una falta de transparencia total en esos gobiernos locales.
En el plano penal, la ASF presentó 40 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, todas judicializadas en menos de seis meses, marcando un hito histórico en la lucha contra la corrupción en México.
Estas revelaciones obligan a los gobiernos involucrados a aclarar el destino de los recursos y a reforzar los mecanismos de control interno, mientras la sociedad civil y los legisladores exigen mayor rendición de cuentas y sanciones efectivas para los responsables.
Fuente: Eluniversal