A casi dos décadas de la desaparición forzada de Ernestina Ascencio Rosario, la comunidad de Xalapa y organizaciones de derechos humanos vuelven a alzar la voz. El caso, que marcó al país por la brutalidad del operativo policial del 24 de junio de 2005, sigue sin una respuesta completa del Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó en 2017 medidas de reparación, entre ellas una disculpa pública, la investigación de los responsables y la restitución de tierras a la familia. Sin embargo, los familiares de la víctima y sus representantes denuncian que la implementación ha sido parcial y tardía, lo que alimenta la indignación y la demanda de justicia.
En una rueda de prensa celebrada el pasado lunes, representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz y de la organización internacional Amnesty International reiteraron la necesidad de cumplir con la sentencia de la Corte IDH. “No basta con reconocer la culpa, se requiere reparar el daño de manera integral”, afirmó la activista Ana María Torres. Entre las reparaciones pendientes se encuentran la entrega de la documentación de la exhumación, la restitución de la propiedad familiar y la creación de un programa de apoyo psicológico para los sobrevivientes.
El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ha sido señalado como responsable de emitir la disculpa pública que la Corte IDH ordenó. En su defensa, la administración argumenta que la jurisdicción del caso corresponde al Estado de Veracruz y que ya se han realizado gestos simbólicos. No obstante, los activistas consideran que la falta de una disculpa formal perpetúa la impunidad y el dolor de la comunidad, y piden que la autoridad capitalina asuma su responsabilidad como parte del Estado mexicano.
El contexto político del caso se enmarca en un clima de creciente presión internacional sobre México para mejorar su historial en derechos humanos. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU han reiterado la necesidad de que el país cumpla con sus obligaciones internacionales. La presión se intensifica tras los recientes escándalos de violencia policial y desapariciones en distintas regiones del país, lo que ha generado un debate nacional sobre la reforma de las fuerzas de seguridad.
Ante la falta de avances, los familiares de Ernestina Ascencio organizaron una marcha el 24 de junio, fecha del aniversario del hecho, en la que participaron cientos de personas. El acto incluyó la lectura de testimonios, la presentación de una petición formal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la exigencia de una ceremonia oficial de reconocimiento. La comunidad espera que la movilización sirva como recordatorio de que la justicia no puede postergarse.
Las implicaciones de este caso trascienden lo local: representan un llamado de atención a las instituciones mexicanas sobre la necesidad de respetar y proteger los derechos humanos. Si el Estado no cumple con la reparación integral, corre el riesgo de erosionar la confianza ciudadana y de enfrentar sanciones internacionales. Por ello, la exigencia de una disculpa pública y de la reparación completa se mantiene como un punto crítico en la agenda de derechos humanos de México.
Fuente: Diario de Xalapa