La Fiscalía General del Estado de Chihuahua emitió un comunicado oficial en el que desmintió rotundamente que la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, estuviera al tanto de la presencia de agentes de la CIA durante el operativo contra el narcolaboratorio de El Pinal, en la sierra de la entidad. La declaración llega después de que el exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro, Guillermo Arturo Zuany, acusara a la mandataria de haber sabido de la participación extranjera en la acción policial que se realizó en abril de 2026.
Campos Galván, quien estaba de visita en Ciudad Juárez, respondió a los señalamientos indicando que no tiene nada que decir al respecto y que corresponde a las autoridades judiciales investigar el caso. “No tengo nada que decir al respecto, eso le compete a las autoridades judiciales, el ejecutivo no está involucrado en esto”, afirmó la gobernadora, añadiendo que cualquier aclaración sobre la supuesta presencia de la CIA debe dirigirse a un juez.
En el comunicado, la Fiscalía señaló que la carpeta de investigación del operativo cuenta con 150 declaraciones de 86 personas, además de pruebas documentales, periciales y técnicas. En ninguno de esos elementos se menciona que la titular del Poder Ejecutivo haya conocido o autorizado la participación de extranjeros en la operación. Por el contrario, la fiscalía indicó que la información le fue ocultada, según lo determinó un juez de control al dictar el auto de vinculación a proceso.
La dependencia aclaró que los dichos atribuidos a Zuany, quien tiene una orden de aprehensión vigente, no forman parte de la carpeta investigativa y que la Fiscalía no se pronuncia sobre versiones externas al proceso. Asimismo, manifestó que no se pronunciará sobre la identidad ni la adscripción institucional de los ciudadanos estadounidenses que aparecen en la investigación, pues dichos documentos no han sido exhibidos.
La Fiscalía de Chihuahua subrayó que la investigación continúa en su fase complementaria, respetando los plazos fijados por el juez, y que ha compartido el contenido del caso con la Fiscalía General de la República, en el marco de la colaboración interinstitucional. Esta cooperación busca esclarecer los hechos y determinar responsabilidades sin interferir en la autonomía del Poder Ejecutivo estatal.
El caso ha generado amplio debate en la opinión pública, pues la supuesta participación de la CIA en operativos internos de México alimenta teorías de conspiración y pone en relieve la necesidad de mayor transparencia en la relación entre autoridades locales y federales. Mientras tanto, la gobernadora Campos Galván mantiene su postura de no involucrarse directamente y deja la defensa de su posición en manos del sistema judicial.
Fuente: Eluniversal