México enfrenta una “anomalía fiscal” que lo sitúa como el país de la OCDE con menor carga tributaria. El impuesto predial, tradicional fuente de ingresos locales, apenas representa el 0,2% del PIB, frente al promedio regional de 0,8%. Esta debilidad se extiende a otros gravámenes: el IVA es del 16%, dos puntos porcentuales bajo la media latinoamericana, y en municipios fronterizos se aplica a la mitad para no perder competitividad con EE. UU. y Guatemala. Además, productos básicos como agua, insumos agropecuarios y ciertos alimentos gozan de tasa cero, reduciendo aún más la base recaudatoria.
Los expertos señalan que la causa no es la falta de voluntad de los contribuyentes, sino la alta informalidad, la evasión y la falta de confianza en el Estado. Sólo el 40% de los mexicanos usa medios electrónicos para pagar, frente al 60% latinoamericano, lo que dificulta la trazabilidad y el cobro de impuestos. La mayor parte de la recaudación proviene de grandes empresas, que aportan 3,9% del PIB, cifra comparable con la OCDE, pero el sector de pequeñas y medianas empresas y la economía informal apenas contribuyen, dejando un vacío fiscal significativo.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha propuesto armonizar los catastros para incrementar el predial, medida que la oposición ha calificado de “predialazo encubierto”. Sin embargo, la mandataria mantiene la promesa heredada de AMLO de no crear ni subir impuestos, enfocándose en la modernización de sistemas, la digitalización de facturas y la condonación de deudas. Estas acciones han elevado la recaudación del 13% al 15% del PIB entre 2018 y 2025, pero aún es insuficiente para financiar un Estado de bienestar que incluye pensiones universales, becas y atención médica gratuita.
La caída de los ingresos petroleros agrava la situación. Pemex, que antes entregaba hasta el 65% de sus ingresos al fisco, ahora aporta menos del 30%, y su producción ha disminuido, reduciendo la contribución del sector energético del 3,8% al 2,7% del PIB. La pérdida de esta “gallina de los huevos de oro” obliga al Estado a buscar nuevas fuentes de financiamiento, pero la falta de una reforma fiscal estructural limita las opciones.
El crecimiento económico se ha estancado alrededor del 2% anual durante los últimos cinco años, lo que dificulta ampliar la base tributaria sin afectar la competitividad. Las propuestas de penalizar la informalidad, gravar el patrimonio y desvincular la seguridad social del empleo son consideradas por analistas como necesarias, pero la voluntad política y electoral sigue siendo escasa.
Mientras el Congreso discute el llamado “predialazo” y se aproximan elecciones locales, México navega una finanza pública delicada: deuda interna y externa ya representa el 55% del PIB y la calificación crediticia podría verse amenazada si la recaudación no mejora. El país mantiene estabilidad macroeconómica, pero la presión fiscal latente plantea un reto crucial para la sostenibilidad del modelo de bienestar que ha consolidado en los últimos años.
Fuente: Bbc