El Banco Central de Paraguay intervino el 3 de noviembre de 2026 a Ueno Bank, un banco digital del Grupo Vázquez, tras detectar que su índice de solvencia cayó bajo el mínimo legal. La medida paralizó las operaciones y dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas, desatando una crisis financiera y política sin precedentes.
Ueno Bank había experimentado un crecimiento vertiginoso, alcanzando cerca de tres millones de usuarios, una cifra desproporcionada para la población del país. Sin embargo, las investigaciones revelaron que gran parte de sus préstamos se destinaban a empresas vinculadas a sus propietarios, generando sospechas de conflictos de interés y uso indebido de recursos. Además, la entidad manejaba entre 800 y 850 millones de dólares en fondos públicos, principalmente del Instituto de Previsión Social (IPS), lo que intensificó la preocupación por la seguridad de los ahorros de los jubilados.
El escándalo tuvo repercusiones inmediatas en la esfera política. El presidente Santiago Peña, quien mantuvo relaciones empresariales con el Grupo Vázquez hasta marzo de 2025, renunció el 5 de noviembre a pedido de su propio gobierno. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación para someterlo a juicio político, aunque su dimisión dejó el proceso en manos del Senado. Asimismo, la designación en 2023 de Carlos Carvallo como presidente del Banco Central, exdirector de Ueno Bank, alimentó dudas sobre la independencia de la supervisión bancaria.
En el plano judicial, la Fiscalía imputó a 27 personas el 4 de noviembre, entre ellas ocho directivos de Ueno Bank y 19 vinculados al conglomerado Vázquez. Los cargos incluyen lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio. El juez ordenó prisión preventiva para varios exdirectivos, incluido Federico Miguel Vázquez Villasanti, y arresto domiciliario para otras dos imputadas.
Para los ahorristas, el Banco Central activó una garantía legal de 228,3 millones de guaraníes (≈ 37.600 USD) por depositante y aprobó una ley que permite adelantar la devolución de hasta 121,76 millones de guaraníes (≈ 20.000 USD). No obstante, persiste la incertidumbre sobre la recuperación total de los fondos que superan esos límites y sobre el futuro del sistema financiero digital en Paraguay.
Políticamente, la sucesión de Peña corresponde al vicepresidente Pedro Alliana, mientras el Congreso deberá elegir un nuevo vicepresidente para completar el mandato que concluye en 2028. El caso Ueno Bank sigue abierto y sus consecuencias, tanto económicas como institucionales, aún están por definirse.
Fuente: Dw