La Policía Nacional de Paraguay confirmó el viernes 6 de noviembre que el expresidente Santiago Peña está bajo detención domiciliaria en su residencia. La medida se produce tras la orden de la Fiscalía, que lo acusó de “lesión de confianza” en el contexto de la polémica que generó el cierre repentino del Ueno Bank, una de las instituciones financieras más grandes del país.
Peña fue destituido por el Senado paraguayo en un juicio político que concluyó con 44 votos a favor y una ausencia de los 45 senadores. La decisión se tomó apenas tres días después de la intervención del Ueno Bank, entidad con la que el exmandatario mantenía estrechos lazos. El cierre del banco dejó sin acceso a sus fondos a aproximadamente tres millones de clientes, desencadenando una grave crisis de confianza en el sistema financiero nacional.
El nuevo presidente, Pedro Alliana, quien ocupaba el cargo de vicepresidente bajo la administración de Peña, asumió la presidencia en medio de la turbulencia. Alliana prometió que los afectados por el “descalabro financiero” serán “compensados plenamente” y aseguró que el Estado no abandonará a los ciudadanos que enfrentan dificultades para acceder a sus ahorros.
Además de la detención de Peña, la Fiscalía emitió una orden similar contra Carlos Carvallo Spalding, exdirector del Banco Central de Paraguay (BCP). Carvallo había dirigido la entidad hasta el martes pasado y también está bajo investigación por presuntos actos de corrupción y manejo irregular de fondos públicos.
La orden de detención domiciliaria indica que ambos deben permanecer bajo custodia hasta que sean puestos a disposición del Ministerio Público en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción. La medida busca garantizar que los investigados no evadan la justicia mientras se avanza en el proceso judicial.
Este episodio marca una de las crisis políticas y económicas más graves en la historia reciente de Paraguay. La combinación de un juicio político, la destitución de un presidente y la caída de un banco de gran relevancia ha generado incertidumbre tanto a nivel interno como entre los inversionistas extranjeros, que observan de cerca la respuesta del nuevo gobierno.
Se espera que las próximas semanas definan el destino de los fondos retenidos y la posible indemnización a los depositantes. Mientras tanto, la sociedad paraguaya sigue atenta a los avances de la investigación y a las decisiones que tomará la nueva administración para restaurar la estabilidad financiera del país.
Fuente: Dw