Miles de empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF) protagonizaron una jornada de protestas este viernes 6 de noviembre en diversas entidades del país. La causa de la movilización es el reciente acuerdo del Órgano de Administración Judicial (OAJ), publicado en el Diario Oficial de la Federación, que establece un sistema de evaluación del desempeño que, según los sindicatos, pone en riesgo la estabilidad laboral y podría derivar en suspensiones o despidos.
En Aguascalientes, más de 600 trabajadores operativos se congregaron en el Centro de Justicia Penal Federal y anunciaron un paro indefinido. El delegado regional del sindicato Renovación, Carlos Saucedo Ramírez, explicó que el nuevo esquema otorga un 40% del puntaje a exámenes y un 60% a criterios subjetivos de los superiores, lo que lo califica de “punitivo”. Los juzgados atenderán únicamente asuntos urgentes mientras se mantiene la protesta.
En el norte, Torreón (Coahuila) vivió una interrupción a partir de la 1:00 p.m. cuando empleados bloquearon un carril del bulevar Independencia y extendieron la acción a otras oficinas del PJF. La delegada sindical Luisa Fernanda Martínez señaló que la base trabajadora no rechaza la evaluación per se, sino la falta de claridad y la posible arbitrariedad en la calificación. La protesta se sumó al descontento nacional contra los exámenes de desempeño.
En la península, Yucatán y Tabasco reportaron paros similares. En Mérida, el secretario general del sindicato, Osvaldo Canto, denunció que el acuerdo vulnera derechos laborales y exigió un diálogo para modificarlo. En Tabasco, más de 1,200 empleados del Décimo Circuito anunciaron un paro total, acompañándolo de tomas de dependencias y bloqueos de vialidades, exigiendo la revocación del acuerdo y garantías constitucionales.
La capital federal intensificó la presión al bloquear accesos y salidas del edificio del PJF en San Lázaro y cerrar la avenida Zaragoza en ambos sentidos. Con pancartas que reclamaban “No a los exámenes punitivos” y “Nuestro derecho a la estabilidad laboral”, los manifestantes obligaron a conductores a buscar rutas alternas, generando congestionamiento y llamando la atención de la opinión pública.
A nivel nacional, la respuesta del OAJ ha sido limitada; la autoridad afirmó que la primera evaluación será diagnóstica y que no habrá sanciones inmediatas. Sin embargo, los sindicatos siguen insistiendo en la necesidad de un proceso transparente, objetivo y libre de influencias jerárquicas. La disputa se mantiene abierta y podría prolongarse, afectando la operatividad de los tribunales y la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.
Fuente: Eluniversal