Miles de trabajadores franceses se tomaron las calles este jueves 5 de noviembre en la mayor movilización del año, exigiendo un salario digno y la preservación de los servicios públicos. La CGT y otros sindicatos convocaron a 180 marchas que, según cifras oficiales, reunieron a 270,000 manifestantes hasta la 1 de la tarde, mientras que la líder sindical Sophie Binet prometió continuar la protesta hasta que se atiendan sus demandas. Entre los reclamos destacan la revalorización del salario mínimo interprofesional, un aumento general de los salarios, mayor justicia fiscal y el apoyo a estudiantes de secundaria que piden mejores condiciones de estudio desde septiembre.
El desencadenante de la movilización es la pérdida de poder adquisitivo, evidenciada por el fuerte alza de los precios del combustible y de la vida cotidiana. El Gobierno, que planea un ajuste fiscal profundo para 2027, tiene un margen de maniobra limitado para responder a las reivindicaciones sin agravar el déficit. Por ello, la respuesta ha sido mayormente de seguridad: el ministro del Interior, Laurent Nuñez, desplegó alrededor de 70,000 policías y gendarmes en todo el país, superando el número utilizado el 17 de octubre, cuando se registraron enfrentamientos, saqueos y vandalismo en más de 3,000 comercios.
El impacto en la vida urbana es palpable. La icónica Torre Eiffel cerró sus puertas al público y el Museo del Louvre suspendió algunas salas, mientras que el Museo de Orsay redujo su horario de visita. Los visitantes con boletos electrónicos fueron informados vía correo electrónico y, en varios casos, se ofreció reembolso automático. Estas medidas buscan evitar aglomeraciones y posibles incidentes en lugares de alta concentración turística.
Las autoridades estiman que la jornada podría congregar entre 500,000 y 700,000 personas en todo el territorio, una cifra que supera cualquier movilización reciente. La preocupación principal es que la tensión vuelva a escalar como el 17 de octubre, cuando los choques con la policía dejaron heridos y provocaron daños materiales. El Gobierno ha reiterado su disposición al diálogo, pero advierte que la violencia no será tolerada.
Esta ola de protestas llega en los últimos meses de la presidencia de Emmanuel Macron, quien enfrenta una creciente desaprobación popular. La falta de acuerdos podría afectar su legado y complicar la transición del poder prevista para mayo. Los analistas señalan que la presión social podría forzar al Ejecutivo a revisar su agenda fiscal y a considerar medidas de alivio económico antes de la próxima elección.
Mientras tanto, la ciudadanía observa con incertidumbre cómo se desarrollará la jornada y si las autoridades lograrán contener la violencia sin sacrificar los derechos de los manifestantes. La situación sigue evolucionando y los próximos días serán cruciales para definir el rumbo de la crisis social en Francia.
Fuente: Dw