El caso de Gerardo, albañil de 27 años originario de Tlajomulco, ilustra la estrategia que los cárteles de Sinaloa usan para reponer sus filas. El 18 de febrero de 2026 salió de su casa en Jalisco con la promesa de un empleo en la construcción en Colima, pero fue secuestrado y llevado a la sierra de Zacatecas para un entrenamiento militar. Desde allí fue trasladado al sur de Sinaloa, zona donde las facciones del Cártel de Sinaloa se disputan el control territorial mediante explosivos lanzados desde drones y combates a gran escala.
Su hermana Janeth denunció la desaparición y mantuvo contacto semanal con Gerardo, quien le suplicó no insistir por miedo a que lo mataran. El 26 de junio, un desconocido informó que un dron había detonado sobre el campamento donde se encontraba Gerardo, matándolo al instante. A pesar de la confirmación de su muerte, Janeth sigue buscando su cuerpo para dar cierre a la familia, que incluye a su hijo de diez años.
Los datos de la Fiscalía de Sinaloa revelan que, desde 2024, la violencia entre las facciones ha provocado más de 4,000 homicidios y 4,500 desapariciones en un estado de poco más de 3 millones de habitantes. El reclutamiento forzado ha sido clave para sostener el conflicto: jóvenes de Jalisco, Durango, Sonora y Chihuahua son atraídos con falsas ofertas de empleo y trasladados a campamentos de entrenamiento antes de ser enviados a la sierra sinaloense.
Según la investigación periodística, los casos de personas originarias de otras entidades desaparecidas en Sinaloa crecieron un 63 % entre 2023 y 2025, pasando de 142 a 231 reportes. Entre 2024 y junio de 2026, el número total de desaparecidos en el estado alcanzó 536, más de la mitad de los casos registrados en los cinco años anteriores. Las rutas de reclutamiento identificadas conectan Jalisco y Durango con Sinaloa, concentrando el 44 % de los casos.
Las familias que buscan a sus seres desaparecidos enfrentan obstáculos burocráticos: las carpetas de investigación pueden tardar hasta tres meses en transferirse y los permisos para operar en campo se demoran entre seis meses y un año. Además, la falta de recursos económicos y la negativa de los gobiernos estatales a financiar traslados agravan la situación, dejando la responsabilidad de la búsqueda en manos de los familiares.
Organizaciones como Por las Voces sin Justicia y Buscando a Emilios acompañan a los familiares en expediciones peligrosas, pero la violencia y la ausencia de apoyo institucional convierten la búsqueda en una tarea casi imposible. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha alertado que el reclutamiento forzado de menores constituye una forma de desaparición forzada y ha instado al Estado mexicano a implementar políticas de protección que, hasta la fecha, no se han materializado.
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Fuente: Eluniversal