El Congreso de Paraguay dio un paso definitivo al aprobar, por unanimidad, la acusación contra el presidente Santiago Peña y enviarla al Senado para su juicio político, aunque el mandatario presentó su renuncia horas antes. La Cámara de Diputados, compuesta mayormente por oficiales del Partido Colorado, votó sin abstenciones y, al concluir la sesión, varios legisladores abandonaron el recinto, lo que dejó al Congreso sin quórum y obligó a suspender la votación de la renuncia. Sin embargo, los líderes del Senado acordaron continuar con el proceso, manteniendo viva la posibilidad de destituir al presidente.
Peña, que asumió el cargo en agosto de 2023, respondió a través de un mensaje en X afirmando que ejercerá su derecho a la defensa, aunque el Senado ya haya adelantado su decisión. “Defenderé mi gestión con argumentos y pruebas, respetando la Constitución y las instituciones”, declaró el mandatario, quien también señaló que su renuncia no exime de rendir cuentas ante el pueblo paraguayo. La decisión de aceptar o rechazar la renuncia determinará si Peña se convierte en senador vitalicio, con inmunidad parlamentaria, o si será destituido y reemplazado por el vicepresidente Pedro Alliana.
La causa del juicio político se centra en el colapso de Ueno Bank, intervenido por el Banco Central del Paraguay tras detectar una grave falta de solvencia. Aproximadamente tres millones de clientes quedaron sin acceso a sus ahorros, lo que generó protestas masivas y una creciente presión social. Los diputados acusan a Peña de conflicto de intereses por haber sido accionista del grupo propietario de la entidad hasta el año pasado, de haber influido en la designación de funcionarios del banco y de haber favorecido la colocación de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) en Ueno, lo que habría comprometido la seguridad de las pensiones.
El proceso de juicio político se llevará a cabo en el Senado, donde se requieren al menos 30 votos de los 45 senadores para destituir al presidente. Ocho diputados fueron designados para defender los cinco ejes de la acusación aprobada por la Cámara Baja. La medida cuenta con el respaldo del propio líder del Partido Colorado, Horacio Cartes, quien ha aislado a Peña dentro de su propio círculo político.
Mientras tanto, el Banco Central ha comenzado a pagar a un primer grupo de depositantes cuyas cuentas no superan los 10 millones de guaraníes, y ha trasladado los recursos del IPS a otra entidad para garantizar el pago de pensiones. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación penal contra Peña y designó a tres fiscales para indagar sobre los presuntos actos de enriquecimiento ilícito y la supuesta injerencia en la gestión del IPS.
El futuro político de Peña y la estabilidad del sistema financiero paraguayo quedan en la balanza. Si el Senado lo destituye, Alliana asumirá la presidencia hasta 2028; de aceptarse su renuncia, Peña pasará a ser senador vitalicio, aunque con la sombra de una posible condena judicial pendiente.
Fuente: Bbc