José Alfredo Hernández Casillas, empresario de la firma Cajas Graf y aliado cercano de Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del INE, temía ser objeto de una captura por parte de la Fiscalía General de la República. En enero de este año, agentes de la FGR se presentaron en su domicilio con la intención de detenerlo, lo que lo llevó a buscar protección legal antes de que se materializara cualquier orden judicial.
Ante la incertidumbre, en febrero Hernández Casillas interpuso un amparo buscador ante un juzgado penal de la Ciudad de México. El objetivo era averiguar si existían órdenes de aprehensión emitidas por jueces federales de la CDMX o del Estado de México y, de ser así, detener su ejecución. Este tipo de amparo permite al solicitante conocer la existencia de medidas cautelares sin que se le imponga una sanción preventiva.
Al día siguiente de presentar la solicitud, una jueza federal concedió una suspensión provisional que evitó su detención y le impuso una garantía de 6,500 pesos. Sin embargo, la misma autoridad revocó la suspensión definitiva al concluir que no había mandato judicial alguno en su contra, según los informes de la Fiscalía y del Poder Judicial que revisó el caso.
El 27 de abril, la magistrada emitió la resolución que sobreseyó el juicio de amparo, argumentando que los actos atribuidos a las autoridades responsables no eran ciertos. La jueza señaló que, al rendir su informe justificado, las autoridades declararon la inexistencia de cualquier orden de captura y la parte quejosa no presentó pruebas que desvirtuaran esa afirmación.
Al no interponer recurso contra la decisión, el 21 de mayo la impartidora de justicia ordenó el archivo definitivo del amparo, medida que se formalizó en junio. La sentencia quedó clara: no hay mandamiento judicial contra Hernández Casillas y, por lo tanto, no procede ninguna medida de aprehensión.
Este caso ilustra la utilidad del amparo buscador como herramienta preventiva ante posibles abusos de la autoridad y destaca la importancia de la transparencia en los procesos judiciales. Mientras tanto, la relación entre el contratista y la exdirectora del INE sigue bajo escrutinio, aunque por el momento no existen cargos penales que lo involucren.
Fuente: Eluniversal