Empresas señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suministraron material electoral al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC) de Yucatán durante los comicios de 2018, 2021 y 2024. Las compañías Cajas Graf, Formas Finas y Comercializadora JVLY fueron adjudicadas con contratos que suman aproximadamente 58 millones de pesos, según información obtenida por fuentes locales. Los contratos fueron gestionados bajo la dirección de Moisés Bates, alto funcionario del IEPAC, quien ha sido vinculado al partido Morena, lo que genera sospechas sobre la transparencia del proceso de compra.
Las tres empresas ya aparecen en auditorías de la ASF relacionadas con contratos del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que sugiere un patrón de asignaciones a proveedores bajo escrutinio. Además, Formas Finas y Cajas Graf están incluidas en una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunta simulación de competencia, un delito que busca inflar precios y favorecer a ciertos licitantes. Estas denuncias aumentan la presión sobre el IEPAC para que aclare los criterios de selección y demuestre que no hubo conflicto de intereses.
El IEPAC, que ya está elaborando su presupuesto para las elecciones de 2027, solicitó 631.5 millones de pesos para la adquisición de insumos electorales. Sin embargo, el proceso de licitación para el próximo plebiscito del 6 de junio de 2027 aún no ha comenzado, lo que abre la posibilidad de que se apliquen nuevas reglas de transparencia. Mientras tanto, el Instituto Nacional Electoral de Yucatán no licitó obras ni adquisiciones durante la gestión de la expresidenta consejera Tadeei, argumentando que esas decisiones se tomaban desde la sede central del INE.
En otro frente, la designación de la nueva titular de la Defensoría Pública de los Derechos Político-Electorales de Yucatán provocó protestas de representantes indígenas. Encabezados por Juan Alberto Baas Tec, los manifestantes exigen que la defensora, Citlali Leticia Chan Carrillo, hable y escriba maya para atender adecuadamente a las comunidades originarias. Argumentan que la falta de dominio del idioma maya convierte a la oficina en una “defensoría muda” para el pueblo maya.
Los indígenas demandan, además, la creación de un comité de vigilancia ciudadana indígena y la garantía de recursos presupuestales para que la defensoría funcione con pleno cumplimiento de la ley. Solicitan al Tribunal Electoral del Estado, al Congreso local y al Gobierno estatal que intervengan para asegurar el respeto a los derechos políticos de sus comunidades.
La combinación de presuntas irregularidades en la contratación de material electoral y la controversia sobre la defensa de los derechos indígenas coloca al IEPAC bajo un escrutinio intensificado. Expertos advierten que la falta de claridad podría erosionar la confianza ciudadana en los procesos electorales y en la capacidad del organismo para garantizar elecciones libres y equitativas.
Fuente: Eluniversal