Una serie de manifestaciones ha sacudido recientemente a varios países europeos, desde Francia y España hasta Italia y Serbia. En París, los estudiantes exigen mejoras en la educación, mientras que en Madrid cientos acamparon en la Puerta del Sol tras el desalojo de una anciana que vivió décadas en el mismo piso. En Italia, sindicatos y jóvenes protestan contra lo que denominan la “economía de guerra” del gobierno. Portugal, Bélgica y Albania también registran movilizaciones similares, y en Serbia, la caída del presidente Aleksandar Vučić ha intensificado las protestas estudiantiles que ahora buscan reformas estructurales.
Según la politóloga Yanina Welp, experta en movimientos sociales y profesora en la Universidad de Girona, el denominador común de estas protestas es la pérdida de capacidad del Estado de bienestar en Europa. “Los jóvenes son los más afectados por la debilidad del modelo social, ya sea en la vivienda, la educación o la seguridad laboral”, afirma. Welp señala que, históricamente, Europa ha vivido oleadas de protestas cada década: del anti‑globalismo a los “indignados”, pasando por los chalecos amarillos y la Primavera Árabe. La actual ola, sin embargo, se centra en la percepción de que el Estado ya no garantiza derechos básicos a las nuevas generaciones.
El análisis de Welp destaca que, aunque los jóvenes lideran la mayoría de las manifestaciones, no actúan solos. Sindicatos, organizaciones civiles y, en algunos casos, partidos políticos se suman a la demanda de un Estado más sólido. No obstante, la respuesta de los gobiernos ha sido variada. En Francia y Alemania, algunas protestas se tornaron violentas, lo que ha llevado a una mayor presencia policial y al uso de equipos de represión que, según la experta, “penalizan el derecho a la protesta”.
La brecha intergeneracional se ha ampliado: hace cuarenta años una familia trabajadora podía comprar una vivienda en una década; hoy ese sueño es casi imposible. Además, la educación superior se ha encarecido, obligando a los jóvenes a financiar maestrías y cursos adicionales. Estos factores alimentan la sensación de exclusión y la urgencia de reivindicar un modelo de bienestar más inclusivo.
Welp advierte que la polarización política y la retórica antiinmigración de la extrema derecha están desviando la discusión del Estado de bienestar hacia batallas culturales. En Francia, por ejemplo, Marine Le Pen utiliza un discurso de “bienestar nacional” que excluye a los extranjeros, mientras que la izquierda busca ampliar los derechos sociales. Esta dicotomía dificulta la construcción de consensos y aumenta la tensión social.
A pesar del pesimismo general, la académica cree que la protesta sigue siendo una herramienta de cambio. “La política siempre ofrece posibilidades de transformación, siempre que la presión social sea sostenida y se traduzca en propuestas concretas”, concluye. El futuro de estas movilizaciones dependerá de la capacidad de los gobiernos para responder a las demandas de los jóvenes y de la habilidad de la sociedad civil para canalizar la energía protestante hacia reformas estructurales.
Fuente: Bbc