En el norte de Finlandia, el proyecto de Google para levantar un nuevo centro de datos ha despertado la atención de la autoridad ambiental y la policía. Las investigaciones iniciadas el 29 de octubre buscan determinar si la filial finlandesa Tuike Finland infringió la legislación sobre aguas al talar bosques y modificar drenajes en la localidad de Muhos. Según Reuters, los indicios apuntan a posibles daños ambientales que podrían derivar en sanciones penales hasta 2027.
El plan original contemplaba la eliminación de aproximadamente 330 hectáreas de bosque para preparar el terreno antes de instalar los edificios de servidores. Además de la tala, se realizaron trabajos de movimiento de tierra y la construcción de zanjas de drenaje, acciones que, según la agencia de supervisión finlandesa LVV, debieron acompañarse de evaluaciones de impacto ambiental exhaustivas. El 6 de octubre, LVV ordenó la suspensión de esas actividades en Muhos y en otro sitio de Kajaani‑Otanmäki, exigiendo un estudio de alternativas y mitigación antes de continuar.
Google respondió el 14 de octubre anunciando la paralización de los trabajos de preparación, aunque mantuvo actividades de planificación y mediciones de bajo impacto. La compañía argumenta que actuó conforme a su interpretación de la normativa local y pidió disculpas públicas a través de Antti Järvinen, responsable de la filial finlandesa. Sin embargo, la empresa no especificó qué organismos fueron consultados ni presentó un plan de control de aguas suficientemente detallado para la autoridad reguladora.
El foco de la investigación se centra ahora en la alteración de los cauces y la posible acidificación del agua derivada del suelo intervenido. LVV consideró insuficiente el plan presentado por Google para gestionar lluvias intensas, deshielo y la calidad del agua, y fijó como plazo el 5 de noviembre para la entrega de un proyecto más robusto. De confirmarse las infracciones, la empresa podría enfrentar multas empresariales y una prolongada investigación que se extenderá hasta diciembre del próximo año.
Este episodio se produce en medio de la ambiciosa inversión anunciada por Google en septiembre, que asciende a 13.000 millones de euros para infraestructura digital en Finlandia hasta 2028. El país, con clima frío y energía eléctrica de bajas emisiones, es atractivo para los centros de datos, pero la expansión plantea desafíos a la red eléctrica y a la normativa ambiental.
El futuro del centro de datos de Muhos depende ahora de dos factores: la decisión del organismo supervisor sobre la reanudación de los trabajos y el desenlace de la investigación penal. Mientras tanto, la polémica subraya la complejidad de equilibrar desarrollo tecnológico, protección ambiental y cumplimiento legal en proyectos de gran escala.
Fuente: xataka