Los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) acordaron, en una sesión privada, nombrar a Blanca Cruz como presidenta interina del organismo mientras la Cámara de Diputados define la nueva presidencia del Consejo General. La decisión, que será formalizada en una sesión urgente el martes, busca garantizar la continuidad del trabajo electoral ante la salida del anterior presidente. Cruz, de 49 años, cuenta con más de tres décadas de experiencia en la carrera electoral, iniciando su trayectoria a los 20 años en el Servicio Profesional de Carrera del INE. Su paso más destacado fue como consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla, cargo que la posicionó como una de las figuras más influyentes del ámbito electoral estatal.
Durante su gestión al frente del IEE Puebla, la entidad contrató a Comercializadora JVLY, empresa vinculada al conglomerado de José Alfredo Hernández Casillas, conocido como el “clan Taddei”. El contrato, fechado en marzo de 2024, ascendió a 129 millones 700 mil 584 pesos y cubrió el suministro de material electoral y de simulacro para el proceso estatal ordinario de ese año. Ese proceso culminó con la victoria del actual gobernador Alejandro Armenta Mier, lo que ha generado sospechas sobre posibles favores políticos y conflictos de interés. La prensa local señaló que la adjudicación se realizó sin una licitación abierta, lo que alimentó críticas de la oposición y de organizaciones de la sociedad civil.
Ante los señalamientos, Blanca Cruz respondió en una conferencia de prensa que su historial está abierto a revisión y que “pueden investigar las autoridades y es sano que lo hagan”. La presidenta interina subrayó que su nombramiento no debe verse empañado por actos de funcionarios anteriores y que su prioridad es fortalecer la credibilidad del INE. Sin embargo, la sombra del “clan Taddei” sigue presente, ya que otras siete empresas vinculadas al grupo han recibido contratos por más de mil millones de pesos en los últimos años, según reportes de auditorías internas.
La polémica llega en un momento delicado para el INE, que ha visto renuncias y bajas tras la destitución del exconsejero Taddei. La presión política se intensifica con la reciente declaración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que rechaza la supuesta colonización del Consejo General por parte de Morena. Este escenario genera incertidumbre sobre la independencia del órgano electoral y su capacidad para organizar futuras contiendas, tanto a nivel estatal como federal.
Expertos en derecho electoral advierten que la designación de Cruz podría ser objeto de impugnaciones ante la Suprema Corte si se demuestra alguna irregularidad en los procesos de contratación anteriores. Mientras tanto, la ciudadanía y los partidos políticos exigen mayor transparencia y la apertura de auditorías independientes que esclarezcan el alcance de los vínculos entre funcionarios electorales y contratistas privados.
En conclusión, la llegada de Blanca Cruz al INE marca un nuevo capítulo en la gestión del organismo, pero también abre la puerta a un escrutinio intensificado sobre la integridad de los procesos de contratación y la posible influencia de grupos empresariales en la política electoral mexicana.
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Fuente: Eluniversal