La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENITI) del INEGI revela que el 17.3% de la población veracruzana entre 5 y 17 años se encuentra trabajando, una cifra que supera ampliamente el promedio nacional de 12.6%. Este dato, publicado recientemente, evidencia la persistencia del fenómeno en la entidad a pesar de los esfuerzos de organismos federales y estatales para erradicarlo. Los niños y adolescentes encuestados realizan labores que van desde la venta ambulante y el trabajo doméstico hasta actividades agrícolas y en la industria textil, muchas veces bajo condiciones de vulnerabilidad y bajos salarios.
Los analistas señalan que la principal causa detrás de esta realidad es la precariedad económica de los hogares. En regiones donde el ingreso per cápita es insuficiente para cubrir necesidades básicas, las familias recurren al trabajo de sus hijos como una estrategia de supervivencia. La falta de acceso a servicios de salud, educación y vivienda digna agrava la situación, creando un círculo vicioso que perpetúa la pobreza intergeneracional. Además, la informalidad laboral en Veracruz dificulta la fiscalización y la aplicación de normativas que prohíben el empleo infantil.
Expertos en políticas sociales, como la socióloga Ana María López, exigen la implementación de programas integrales que aborden las causas estructurales del trabajo infantil. Propone la creación de un fondo estatal que garantice apoyos económicos directos a familias en situación de vulnerabilidad, así como la ampliación de becas y comedores escolares. Asimismo, destaca la necesidad de fortalecer la coordinación entre el sector público, organizaciones no gubernamentales y el sector privado para ofrecer oportunidades de capacitación y empleo a los adultos de la región.
El gobierno estatal ha anunciado recientemente un plan de acción que incluye la ampliación de la cobertura de la Protección Social y la generación de empleos dignos en zonas rurales. Sin embargo, críticos apuntan que la ejecución de estas medidas ha sido lenta y que la falta de recursos financieros limita su alcance. La sociedad civil, por su parte, ha intensificado campañas de sensibilización y ha impulsado la creación de centros de atención para menores en riesgo, con el objetivo de retirar a los niños de entornos laborales peligrosos.
En el plano nacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha instado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a reforzar la inspección laboral en los estados con mayor incidencia de trabajo infantil. La entidad también ha recomendado la actualización de los registros de empleo informal y la promoción de políticas de ingreso mínimo vital. Estas acciones buscan crear un marco normativo más robusto que proteja a los menores y garantice su derecho a la educación y al desarrollo pleno.
Mientras tanto, la comunidad académica sigue recopilando datos para monitorear la evolución del fenómeno y evaluar la efectividad de las intervenciones. Los resultados de la ENITI servirán como referencia para futuros programas y para medir el impacto de las políticas públicas. La meta es reducir significativamente la tasa de trabajo infantil en Veracruz y acercarse al objetivo nacional de erradicación total del trabajo de menores antes de 2030.
Fuente: Diario de Xalapa