El Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM) de Alcalá de Henares ha puesto el foco en la protección de sus agentes al denunciar que muchos chalecos antibalas que utilizan ya superan la garantía balística de diez años, la cual expiró en mayo de 2026. La denuncia, publicada el 23 de septiembre, coincide con el Día de la Policía Local y busca evitar que la caducidad de la garantía se traduzca en un riesgo real para los oficiales. El sindicato solicita al fabricante un certificado que avale la continuidad de las prestaciones de los chalecos o, en su falta, la sustitución inmediata del equipo.
Aunque la normativa obliga al ayuntamiento a proporcionar equipos de protección adecuados, el CPPM aclara que no pretende generar alarma, sino prevenir posibles vulneraciones de seguridad. Recomienda a los agentes que continúen usando los chalecos siempre que estén en buen estado, pero que soliciten su cambio a la unidad de Logística y, de no obtener respuesta, lo registren por escrito ante la Jefatura y la Dirección de Prevención de Riesgos Laborales. El Real Decreto 773/1997 establece la responsabilidad del empleador en mantener y renovar los equipos de protección.
El debate sobre la vida útil de los chalecos antibalas es amplio. En Estados Unidos, el NIST indica que la mayoría de los chalecos tienen una garantía de cinco años; la de Alcalá duplica ese estándar, pero la garantía no equivale a una certificación de “apto para usar” indefinidamente. Estudios de envejecimiento acelerado muestran que los chalecos de fibra PBO pierden entre 15% y 18% de resistencia, mientras que los de PPTA (tipo Kevlar) apenas varían, lo que sugiere que la composición del material es determinante. En el caso de Alcalá, ni el modelo ni la fibra de los chalecos han sido divulgados públicamente.
El Ayuntamiento ha respondido que la expiración de la garantía no implica pérdida de protección, siempre y cuando el fabricante certifique la integridad del equipo. Afirman estar a punto de recibir 30 chalecos nuevos y de preparar otros 30, aunque no especifican fechas ni la cantidad total de chalecos vencidos. Con 228 agentes, los 60 chalecos anunciados cubrirían apenas una cuarta parte del cuerpo policial, lo que evidencia la necesidad de una mayor inversión.
Casos similares se han registrado en otras localidades españolas. En 2022, sindicatos de Majadahonda denunciaron chalecos de 2010 con garantía vencida en 2020, y en 2025, policías del Campo de Gibraltar utilizaban equipos fabricados en 2011. Estas situaciones ponen en relieve la falta de planificación presupuestal y la escasez de recursos para la renovación de equipos de seguridad.
Además del problema de los chalecos, el CPPM señala otras deficiencias: vehículos en mal estado, uniformes con más de cinco años sin renovación y salarios atrasados que superan los 7,000 euros por agente. El sindicato exige un depósito municipal que garantice la disponibilidad de fondos para atender estas necesidades, mientras la oposición del PSOE critica la lentitud en la incorporación de nuevos efectivos, que según ellos, ha sido insuficiente en los últimos años.
En síntesis, la disputa entre el sindicato y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares refleja una preocupación creciente por la seguridad de los policías locales y la necesidad de recursos financieros adecuados para mantener equipos de protección al día, evitando así posibles vulnerabilidades en la labor policial.
Fuente: xataka