La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas confirmó que los asesinatos de Ariana y su abuela, ocurridos en el municipio de Ostuacán, fueron el resultado de una venganza personal, según el informe presentado esta semana. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados el pasado 12 de octubre en un terreno baldío, y la investigación reveló que el móvil del crimen no estaba vinculado a violencia de género, sino a una disputa entre familiares de la víctima y el presunto autor.
El caso, que había generado una gran conmoción en la región y reavivado el debate sobre la inseguridad en zonas rurales, contó con la participación de la Fiscalía de la Mujer y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ambos organismos señalaron que, aunque la motivación fuera de carácter personal, el hecho se enmarca dentro de la violencia contra las mujeres, al tratarse de un feminicidio según la legislación mexicana.
Según la FGE, el principal sospechoso es un hombre de 38 años, primo de Ariana, quien habría planeado el ataque después de una larga enemistad familiar. Testigos declararon que el sospechoso había amenazado a la familia en varias ocasiones y que, días antes del crimen, se le vio rondando la zona donde se encontraron los cuerpos. Las autoridades recabaron pruebas forenses que corroboraron la presencia del sospechoso en el lugar del hecho.
El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, expresó su pesar por la pérdida y reiteró el compromiso del gobierno estatal de fortalecer la seguridad en comunidades vulnerables. Además, anunció la creación de una comisión especial para revisar los protocolos de investigación de feminicidios y garantizar una respuesta más rápida y eficaz.
Organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, como la Red Nacional de Mujeres, pidieron que se sancione con todo el peso de la ley al responsable y que se evite la impunidad en casos similares. En su comunicado, la Red subrayó la necesidad de abordar las raíces culturales de la violencia y promover la educación en igualdad de género desde la infancia.
El proceso judicial contra el presunto autor se encuentra en fase de captura, y la FGE ha solicitado la colaboración de la Policía Estatal para su detención. Mientras tanto, la comunidad de Ostuacán sigue consternada, exigiendo justicia y una mayor protección para las mujeres del municipio.
Fuente: Jornada