El Banco de España confirmó que solo el 1,5 % de las viviendas principales en el país son de protección pública, una cifra que dista mucho del promedio del 7,1 % de la OCDE. Este déficit se evidencia en los últimos datos: en 2023 se concluyeron 11 000 viviendas protegidas y se iniciaron 15 500, una mejora respecto a la década anterior pero todavía muy por debajo de los 62 000 que se entregaban anualmente en los años 90. La escasez de vivienda pública afecta directamente a los hogares con bajos ingresos, que deben afrontar alquileres de mercado cada vez más altos.
El informe del regulador subraya que la limitada oferta de vivienda social reduce la capacidad del Estado para absorber la creciente demanda de hogares vulnerables. Entre 1991 y 2015 se construyeron 1,3 millones de viviendas protegidas, pero gran parte se vendió mediante esquemas de protección limitados, lo que debilitó aún más el parque público. Analistas señalan que factores históricos, como la arraigada cultura de la propiedad y la escasez de suelo, se combinan con la falta de incentivos políticos para explicar esta situación.
Un elemento menos mencionado pero decisivo es la normativa que restringe la actuación presupuestaria de los municipios. La llamada “Ley Montoro”, aprobada en 2013 bajo el gobierno de Mariano Rajoy y el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, obligó a las administraciones locales a priorizar la estabilidad financiera sobre cualquier otra política, incluida la vivienda. La ley excluye la vivienda de los servicios esenciales que deben financiarse con los recursos municipales, relegándola a un objetivo secundario.
En la práctica, los ayuntamientos pueden promover vivienda pública, pero solo si sus proyectos encajan dentro de los estrictos criterios de sostenibilidad financiera y control del endeudamiento. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha reclamado una reinterpretación de los cálculos de gasto para permitir mayor flexibilidad, argumentando que la regla de gasto limita la capacidad de invertir en vivienda asequible.
A pesar de la rigidez, el marco legal ha experimentado algunas aperturas. El Real Decreto 13/2026, publicado recientemente, permite a los municipios destinar parte de sus superávit y remanentes de tesorería a proyectos de vivienda durante varios años. Esta medida ha sido celebrada por la FEMP como una oportunidad para impulsar la construcción de viviendas sociales sin contravenir la normativa de estabilidad presupuestaria.
Sin embargo, los expertos advierten que, para cerrar la brecha con la media de la OCDE, será necesario combinar reformas fiscales, incentivos a la construcción y una revisión profunda de la cultura de la propiedad. Sólo así España podrá ofrecer una red de vivienda pública suficientemente robusta para responder a la creciente demanda de hogares vulnerables.
El desafío es doble: aumentar la oferta de viviendas protegidas y redefinir el papel de los gobiernos locales en la política habitacional, garantizando que la vivienda vuelva a ser considerada un servicio esencial para la ciudadanía.
Fuente: xataka