La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un comunicado el lunes en el que felicita al Gobierno mexicano por haber logrado identificar y localizar a 16,000 personas desaparecidas en los últimos años. Este avance se produce en un contexto donde la desaparición forzada ha sido uno de los flagelos más graves de la seguridad pública en México, generando demandas de justicia tanto a nivel nacional como internacional. Según el informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), la cifra representa un 30% del total de casos registrados desde el 2006, y marca un hito en la lucha contra la impunidad.
El éxito se atribuye a la implementación de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que combina tecnología de punta, bases de datos interoperables y la participación activa de la sociedad civil. Herramientas como el uso de drones, análisis forense de ADN y la creación de la Base de Datos Nacional de Personas Desaparecidas han permitido cruzar información de manera más rápida y precisa. Además, la coordinación entre la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y organizaciones no gubernamentales ha sido clave para romper barreras burocráticas que antes obstaculizaban las investigaciones.
Expertos en derechos humanos celebran la cifra, pero advierten que aún quedan miles de casos sin resolver. “Este reconocimiento de la ONU es un paso importante, pero no podemos bajar la guardia. Cada desaparición representa una familia que sigue esperando respuestas”, señaló la directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado subrayó la necesidad de mantener y ampliar los recursos destinados a la identificación forense y a la capacitación de personal especializado.
El presidente de México, durante una rueda de prensa, agradeció el reconocimiento internacional y reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo los mecanismos de búsqueda. “Este logro es fruto del trabajo conjunto de autoridades, científicos y la sociedad civil. Continuaremos invirtiendo en tecnología y en la formación de equipos multidisciplinarios”, afirmó. Asimismo, anunció la creación de un fondo de 500 millones de pesos para apoyar a los familiares de desaparecidos en la búsqueda de información y en procesos de duelo.
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han seguido de cerca el caso, elogiando los avances pero insistiendo en la necesidad de garantías judiciales efectivas. En sus declaraciones, ambas entidades resaltan que la localización de los desaparecidos debe ir acompañada de investigaciones penales que lleven a los responsables ante la justicia, evitando que los logros técnicos se queden en cifras sin consecuencias legales.
El reconocimiento de la ONU llega en un momento de creciente presión social y mediática para que México mejore su respuesta ante la desaparición forzada. La esperanza es que este hito sirva de impulso para que se intensifiquen los esfuerzos, se refuercen los protocolos y, sobre todo, se garantice el derecho de las familias a conocer el paradero de sus seres queridos.
Fuente: Jornada