El caso del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, ha reavivado el debate sobre el delito de traición a la patria, una figura penal que no tiene precedentes en México desde la época de Maximiliano de Habsburgo. Según el artículo 123 del Código Penal Federal, para que se configure el delito se requieren pruebas muy precisas que demuestren la intención de atacar la soberanía nacional. Expertos consultados por EL UNIVERSAL coinciden en que la acusación no se basa únicamente en la autorización de la entrada de agentes extranjeros, sino en la demostración de dos supuestos claros: que los agentes recibieron órdenes y recursos del ejército de otro país, y que su presencia tenía como objetivo declarar la guerra o derrocar al gobierno mexicano.
El doctor Baldomero Mendoza, profesor de Derecho en la UNAM y del Instituto Nacional de Ciencias Penales, explicó que la mera permisión de la entrada de efectivos extranjeros no basta para tipificar traición. “Se deben probar que esos agentes forman parte de una estructura militar extranjera y que su misión era subvertir nuestro gobierno”, puntualizó. Además, la pena prevista para este delito varía entre cinco y cuarenta años de prisión, dependiendo de la gravedad de los actos cometidos, lo que subraya la necesidad de una acusación bien fundamentada.
En el caso de Jáuregui, la defensa argumenta que la supuesta presencia de agentes de la CIA en territorio mexicano no estuvo dirigida a un golpe de Estado, sino a actividades de inteligencia que, aunque controvertidas, no cumplen con los requisitos del artículo 123. Mendoza sostuvo que no se ha demostrado que la entrada de esos agentes buscara derrocar al gobierno federal ni que contaran con apoyo militar del exterior. Por ello, el delito de traición a la patria, según él, no se ajusta a la situación actual.
El especialista penalista Tulio Salanueva, del Colegio Nacional de Abogados, añadió que el proceso tiene un fuerte matiz político. “La Fiscalía General de la República ahora tiene la carga de probar los supuestos que el Código Penal exige, pero la presión política y mediática podría influir en la conducción del caso”, advirtió. Salanueva señaló que la falta de precedentes judiciales hace que la interpretación sea aún más compleja.
A lo largo de los últimos años, se han presentado iniciativas legislativas para aplicar la figura de traición a la patria contra expresidentes y exsecretarios, como Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Genaro García Luna. Ninguna de esas propuestas prosperó por la ausencia de hechos concretos que cumplieran con los criterios del artículo 123. Estos intentos evidencian que el delito, aunque existente en la legislación, sigue siendo una herramienta jurídica poco utilizada.
En conclusión, el caso Jáuregui pone de relieve las dificultades que implica probar la traición a la patria en México. Los expertos coinciden en que, sin evidencia clara de una conspiración militar extranjera y de un objetivo de derrocamiento, la acusación podría carecer de sustento penal. El proceso judicial servirá para definir los límites de esta figura y su aplicación futura en el país.
Fuente: Eluniversal