En los últimos días, varias personas que se describen como ex‑empleados y ex‑beneficiarios de la Casa Jalisco, la casa de acogida para menores en el municipio de Xalapa, han presentado denuncias que describen un “trato brutal” por parte del gobierno municipal encabezado por el alcalde Pablo Lemur. Según los testimonios, los afectados fueron golpeados, humillados y amenazados con represalias si intentaban denunciar los hechos. Las víctimas aseguran que los abusos ocurrieron tanto dentro como fuera de la institución, y que la presión se intensificó cuando comenzaron a hablar con la prensa.
Los relatos recabados por La Jornada indican que las golpizas fueron perpetradas por personal de seguridad contratado por la administración local. En al menos tres casos, los denunciantes relataron haber sido arrastrados a una habitación sin luz, atados y golpeados con objetos contundentes. Tras los incidentes, los agresores habrían exigido que los agredidos firmaran documentos que renunciaban a cualquier acción legal contra el gobierno municipal.
Además de la violencia física, los testigos describen un clima de intimidación constante. Según los testimonios, se les habría enviado mensajes de texto y llamadas telefónicas con amenazas de despido, pérdida de beneficios sociales y, en algunos casos, de presentar cargos penales por supuestos delitos inexistentes. Los denunciantes aseguran que la administración de Lemur utilizó su poder para silenciar a los críticos, bloqueando el acceso a servicios básicos y retirando apoyos económicos a las familias de los menores.
Ante estas acusaciones, la oposición política local ha exigido una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía Estatal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El diputado local del PAN, Alejandro Martínez, solicitó al gobernador que envíe una comisión independiente para recabar pruebas y garantizar la protección de los testigos. Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos del Estado de Veracruz emitió un llamado a la prudencia y prometió seguir de cerca el caso.
Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil, como la Coordinación Nacional de Derechos de la Niñez, han convocado a una marcha pacífica en Xalapa para denunciar los abusos y exigir justicia para las víctimas. Los grupos también han pedido que se suspenda cualquier acción administrativa contra los denunciantes mientras se esclarecen los hechos.
El caso ha generado un debate nacional sobre la gestión de casas de acogida y la responsabilidad de los gobiernos locales en la protección de menores vulnerables. Expertos en derechos humanos advierten que la falta de supervisión y la impunidad pueden derivar en un aumento de los abusos, mientras que la ciudadanía exige transparencia y rendición de cuentas por parte de la administración de Lemur.
Fuente: Jornada