El pasado viernes, autoridades del estado de Jalisco, encabezadas por el gobernador Enrique Alberto Lemus, intervinieron una protesta ciudadana en la zona de la Plaza de la Liberación, en Guadalajara. Los manifestantes, organizados por colectivos vecinales, exigían una solución urgente a la crisis hídrica que afecta a la capital y a varios municipios del estado. Según testigos, los agentes policiales emplearon granadas de gas lacrimógeno y chorros de agua a presión para dispersar a los asistentes, provocando escenas de caos y varios heridos leves.
Los grupos de la sociedad civil denunciaron que la medida fue desproporcionada y que la represión impidió la libre expresión de los ciudadanos. “Nosotros solo queremos que el gobierno atienda la escasez de agua, no nos queremos ir con violencia”, comentó una mujer que participaba en la marcha. Organizaciones de derechos humanos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), solicitaron al gobierno de Lemus una explicación y la apertura de una investigación independiente.
La crisis hídrica en Jalisco se agrava desde hace varios meses, tras una sequía prolongada y la sobreexplotación de acuíferos. La falta de lluvias y la demanda creciente de agua para la agricultura y la industria han dejado a cientos de miles de habitantes sin acceso regular al suministro. El gobernador Lemus había anunciado recientemente un plan de emergencia que incluye la perforación de nuevos pozos y la construcción de plantas de tratamiento, pero los críticos argumentan que las acciones son tardías y insuficientes.
En respuesta a la protesta, la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco emitió un comunicado en el que justificó el uso de la fuerza como medida preventiva para evitar actos de vandalismo y el riesgo de disturbios mayores. Sin embargo, la comunidad internacional y varios organismos de la sociedad civil han señalado que el uso de gas lacrimógeno y chorros de agua contra manifestantes pacíficos viola normas internacionales de derechos humanos.
El episodio ha reavivado el debate sobre la gestión del agua en México y la necesidad de políticas más sostenibles y participativas. Expertos en recursos hídricos advierten que, sin una planificación integral y la participación de la población, la escasez de agua seguirá generando conflictos sociales en distintas regiones del país.
Mientras tanto, los heridos de la represión fueron atendidos en hospitales locales y se espera que presenten denuncias ante la Fiscalía. La presión social y mediática podría obligar al gobierno de Lemus a revisar sus estrategias de control y a acelerar la implementación de soluciones efectivas para la crisis hídrica.
Fuente: Jornada