En la Ciudad de México, cinco de las trece unidades penitenciarias que forman el Sistema Penitenciario del Estado han pasado a ser administradas por los propios internos, un fenómeno que ha llamado la atención de autoridades y expertos en seguridad. La medida, que surgió de la falta de personal y recursos del gobierno, ha generado un vacío de autoridad oficial y ha puesto en manos de los reclusos la organización de la vida diaria dentro de los recintos.
Los internos que ahora se autogobiernan establecen sus propias reglas, asignan tareas y regulan el acceso a áreas comunes, como comedores y patios. Según testimonios de familiares y visitantes, la dinámica interna incluye la creación de comités de seguridad, la distribución de alimentos y la resolución de conflictos sin la intervención de guardias. En algunos casos, los reos han formado alianzas con pandillas externas para asegurar el suministro de drogas y armas dentro de los penales.
Las autoridades penitenciarias admiten que la escasez de personal policial y la falta de presupuesto han limitado su capacidad de supervisar adecuadamente los establecimientos. El gobernador de la CDMX, Alejandro Moreno Cárdenas, señaló que se están evaluando medidas de emergencia para reforzar la presencia del Estado, pero que la situación es compleja y requiere de una reforma estructural del sistema carcelario.
Expertos en criminología advierten que el autogobierno de los reos puede intensificar la violencia interna y favorecer la consolidación de estructuras criminales dentro de los muros. Estudios previos demuestran que cuando los internos controlan la logística y la disciplina, aumentan los riesgos de motines, extorsiones y actividades ilícitas que pueden trascender al exterior.
Por otro lado, algunos defensores de los derechos humanos argumentan que la falta de intervención estatal crea condiciones de abandono que vulneran la dignidad de los internos. Señalan que la ausencia de servicios básicos, como atención médica y programas de rehabilitación, agrava la situación y perpetúa el ciclo de criminalidad.
El gobierno federal ha anunciado la creación de una comisión interinstitucional para revisar el caso y proponer soluciones a corto y mediano plazo. Mientras tanto, la población de la capital observa con inquietud la evolución de los penales, temiendo que la falta de control oficial pueda derivar en una mayor inseguridad en la ciudad.
Esta coyuntura pone de relieve la necesidad de una reforma integral del sistema penitenciario, que incluya mayor inversión en personal, infraestructura y programas de reinserción, para evitar que la autogestión de los reos se convierta en la norma en otras prisiones del país.
Fuente: Jornada