Miles de personas se congregaron en las principales ciudades de España el sábado, demandando una protección mayor para los inquilinos tras el rechazo del Congreso a la legislación de emergencia del Gobierno. En Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Zaragoza, Alicante y otras urbes, alrededor de 50 marchas se desarrollaron bajo el lema “hacia la huelga general”, mientras que en la capital se estimó la participación entre 70,000 y 500,000 manifestantes, según fuentes oficiales y organizadores.
El detonante de la movilización fue el caso de Maricarmen Abascal, una jubilada de 87 años que fue desalojada de su piso tras un fuerte aumento del alquiler. Aunque días después se alcanzó un acuerdo para que regresara a su hogar, el episodio avivó la ira popular y puso en evidencia la vulnerabilidad de los inquilinos ante los llamados “fondos buitre” que adquieren viviendas para rentarlas a precios desorbitados.
Los sindicatos de inquilinos, encabezados por el Sindicato de Inquilinos de Valencia, denunciaron que las medidas propuestas por el gobierno —suspensión de desalojos hasta 2030, extensión de contratos y restricción a la compra de inmuebles por fondos de inversión— fueron insuficientes y que su rechazo en el Parlamento agrava una crisis que ya cuesta la vida a la clase trabajadora. Valeria Racu, portavoz del sindicato madrileño, amenazó con convocar una huelga general, la primera desde 2012, para acabar con el “rentismo” y la especulación inmobiliaria.
En Valencia, la protesta tomó un cariz violento cuando manifestantes se enfrentaron a la policía cerca del Palau de les Arts, donde se celebraba una cumbre inmobiliaria. Los agentes respondieron con balas de goma y gases lacrimógenos; nueve policías resultaron heridos y cinco personas fueron detenidas. En contraste, en Madrid y Barcelona las concentraciones transcurrieron sin incidentes mayores, aunque en la ciudad condal las intensas lluvias obligaron a aplazar algunas movilizaciones.
El Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez había presentado dos decretos: uno que prohibía desalojos a inquilinos vulnerables y limitaba la compra de viviendas por fondos buitre, y otro que renovaba automáticamente los contratos de alquiler. Ambos fueron rechazados por mayoría de votos del Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya, dejando al ejecutivo sin la mayoría necesaria para aprobar la reforma.
Expertos del Banco de España advierten que el déficit de viviendas en España supera los 700,000 hogares y podría alcanzar el millón en los próximos dos años si no se adoptan medidas estructurales. Los precios de la vivienda han subido un 12.2% en el último año, y los alquileres en Madrid y Barcelona se sitúan entre los más altos de Europa, lo que alimenta la sensación de urgencia entre los ciudadanos que exigen soluciones concretas.
Fuente: Bbc