El periodista Michael Graczyk, veterano de la Associated Press que ha cubierto cerca de 500 ejecuciones en Texas, vivió una escena que describió como “nunca antes vista”. Esta semana, en una cámara de muerte de Tennessee, la condenada a muerte Christa Pike, de 50 años, permaneció con vida después de recibir dos inyecciones de pentobarbital, el fármaco letal utilizado por el estado. Pike incluso llegó a roncar audiblemente, señal de que su organismo no había sucumbido al veneno como se esperaba.
El protocolo de Tennessee contempla una segunda serie de jeringas si la primera dosis no resulta letal, pero no especifica qué ocurre si la persona sigue viva tras ambas. Ante la anomalía, el gobernador Bill Lee ordenó la suspensión inmediata de todas las ejecuciones en el estado y solicitó una investigación independiente para determinar fallas en el procedimiento y la cadena de suministro de los fármacos.
Ejecutar a un condenado mediante inyección letal es la práctica más común en los 27 estados estadounidenses donde la pena capital sigue vigente. Sin embargo, la escasez de los fármacos ha llevado a varios gobiernos a modificar la fórmula o a adquirir sustancias de fuentes poco claras, generando un aumento de ejecuciones problemáticas. El Centro de Información sobre la Pena de Muerte registra 64 casos de ejecuciones fallidas desde 1982, 51 de ellos con inyecciones letales, y al menos siete se detuvieron por la imposibilidad de colocar la vía intravenosa.
Graczyk, de 76 años, recordó dos episodios en los que las agujas se desprendieron y tuvieron que volver a insertarse, pero nunca había presenciado una condenada que sobreviviera al proceso completo. “Era solo cuestión de tiempo”, comentó al BBC News, señalando que su carrera le había preparado para cualquier eventualidad, pero nunca para este escenario.
La víctima de Pike fue Colleen Slemmer, una joven de 19 años de Florida que fue torturada y asesinada en 1992. La madre de la víctima, May Martinez, estuvo presente durante el intento de ejecución y describió el suceso como “un desastre”. Mientras tanto, los abogados de Pike informan que la mujer está hospitalizada recibiendo atención médica vital.
Este caso reaviva el debate sobre la moralidad y la eficacia de la pena capital en EE. UU. y plantea preguntas sobre la responsabilidad del Estado al administrar una sentencia que, en ocasiones, no se cumple de manera segura ni humana. La investigación solicitada por el gobernador podría sentar precedentes sobre cómo se manejan los protocolos de ejecución en el futuro.
Fuente: Bbc